Un informe del interventor responsabiliza al gobierno del PP de la mayor parte de las facturas sin contabilizar

El martes se celebró, a petición de PSOE, IU y PIC, una comisión de Hacienda para arrojar luz sobre la información recogida en el informe del Tribunal de Cuentas, que coloca al Ayuntamiento de Ciempozuelos a la cabeza del país en facturas sin contabilizar. El interventor manifestó, al término de la reunión, que actualmente todas las facturas se encuentran contabilizadas y pagadas con los fondos recibidos del Plan de Pago a Proveedores.

Cuando la noticia saltó a los medios, el equipo de Gobierno (PP) presentó a modo de aclaración dos documentos. Uno de ellos fue registrado por la alcaldesa en noviembre. Herrera, “visto el anteproyecto del informe de fiscalización”, alegaba que 7.081.572 euros de la deuda (más de doce millones de euros) correspondía a inversiones realizadas antes de 2007, cuando el PSOE gobernaba en la localidad. El resto, 5.608.034 euros, se debían “fundamentalmente” a gasto corriente, también anterior a 2007.

El segundo documento está firmado por Francisco Javier Muñoz, interventor del Ayuntamiento. El funcionario manifestaba que los datos mencionados “fueron obtenidos de los datos contenidos en el programa de contabilidad”.

Factura a factura | Según el Partido Socialista, la documentación entregada a los grupos para tratar en comisión acredita que “los datos que presentó el equipo de Gobierno al Tribunal de Cuentas como alegaciones  son erróneos en conceptos y en más de cinco millones de euros”. La formación mantiene que el PP utilizó estos datos “para eludir responsabilidades y culpar a Gobiernos anteriores”.

El interventor ha realizado, factura a factura, un informe en el que señala que facturas no contabilizadas por valor de 3.090.241 euros son anteriores a 2007, cuando el PP no gobernaba en Ciempozuelos. Sin embargo, el interventor reconoce que 9.552.933,72 euros en facturas no contabilizadas son responsabilidad del actual equipo de Gobierno, aunque 6.736.891 corresponden a inversión proyectada antes de 2007.

Sin embargo, los socialistas aclaran que en cualquier inversión se generan facturas que son presentadas de manera progresiva en función del avance de la obra, “por lo que aunque se inicie el proyecto en un año determinado, los pagos y contabilidad deben hacerse de forma progresiva”. Alegan además que, según muestra la fecha y registro de las facturas, “la contabilidad de las facturas corresponde en su mayoría a los ejercicios en los que ya gobernaba Mª Ángeles Herrera”.

Exigen explicaciones | El PSOE reprocha al Gobierno “el uso de documentos falsos y mala fe”. Según la portavoz del grupo, Raquel Jimeno, “el concejal de Hacienda y la alcaldesa conocían el listado de facturas igual que yo y han manipulado la información a sabiendas”. El Partido Socialista añade que, al término de la comisión, “la alcaldesa ha sido incapaz de explicar el por qué no se contabilizaban las facturas” y que el concejal de Hacienda, Rafael Marín, “no ha hablado durante toda la comisión para dar explicaciones sobre su nefasta gestión y el uso interesado y a sabiendas, de un informe con grandes errores”.

Por su parte, IU-LV ha comunicado que, ante la no contabilización de las facturas, “se concluye que es porque se han agotado las partidas presupuestarias y no hay crédito para contabilizarlas”, y responsabiliza a la alcaldesa, “que recordemos lo es desde el 16 de junio de 2007”.

Izquierda Unida añade que el gasto corriente corresponde al Gobierno del PP, tal y como se aprobó en el pleno de marzo de 2012, mediante el reconocimiento extrajudicial de facturas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. “El importe total del reconocimiento es de 1.266.328,65 euros, de los cuales 925.893,66 corresponden a estas facturas sin contabilizar del Plan de Pago a Proveedores”.

En relación a los documentos publicados desde el Ayuntamiento, IU-LV critica que “aun conociendo que es falso, este informe sigue en la web municipal y en los informativos municipales”.