Testimonio de un vecino: "Los okupas nos han costado más de 10.000 €"

Desde mayo un grupo de vecinos de las calles Fernando VII y Nicolás Fuster se manifiestan cada domingo para denunciar la situación que sufren en sus viviendas: “Tenemos un grave problema de okupas malos que intentar hacerse pasar por buenos”. A los “destrozos” y “amenazas” se suma la pasividad de la administración, la justicia y de las compañías de luz y agua.

“Cada día me voy a trabajar y no estoy seguro de lo que le han podido hacer a mi casa”, relata A., vecino de la calle Fernando VII que ha preferido mantenerse en el anonimato. “Si aparece mi nombre entonces el problema va a mi casa y ya tengo suficientes”, argumenta. Desde mayo vive puerta con puerta con un okupa que, asegura, se dedica al tráfico de hachis: “A todas horas está sonando el timbre y el telefonillo. Además, como la gente que viene no vive aquí se dedican a pinchar los extintores”.

Largo plazo | En el caso de su comunidad todo comenzó hace ocho meses. “Entraron en pisos vacíos, algunos estaban vendidos pero no había nadie o eran del banco, e incluso intentaron abrir casas con gente viviendo dentro”. La crisis ha incentivado la creación de organizaciones que por 500 € abren una vivienda siguiendo un criterio tan nimio como tener o no felpudo en la puerta.

Mientras que en Fernando VII se han okupado 5 pisos, en otros bloques, como en Nicolás Fuster, llegan hasta los 25. “A mí que esté okupado el piso me da igual. Los vecinos nos hemos preocupado cuando la inseguridad en la finca ha ido en aumento”, se defiende A.  A los ruidos y destrozos se suman todo tipo de amenazas como “sacar un cuchillo y una pistola táser”.

“Antes nuestros hijos salían a jugar al patio pero ahora no pueden porque no sabes qué se pueden encontrar”.

Desamparados | Los vecinos se sienten indefensos ante unos okupas “que tienen todas las de ganar”. Con una justicia extremadamente lenta en la resolución de estos casos, las comunidades afectadas han pedido el respaldo del resto de administraciones. Aunque A. reconoce que la problemática no es competencia del Ayuntamiento de Pinto, considera que “no hace nada” para ayudarles. Del mismo modo creen que Policía Local y Guardia Civil hacen correctamente su trabajo, pero piensa que podrían “hacer algo más”.

Con quien parece no haber ningún tipo de entendimiento es con las compañías de agua y electricidad, que tardaron siete semanas en cortar la luz de los edificios okupados de la calle Fernando VII. “Sin agua no puede vivir nadie en una casa- asegura A.- El Canal de Isabel II podría haber hecho lo mismo pero como ellos se lo cobran a la comunidad ni se molestan”.

Los cortes de luz son solucionados por los okupas empalmando con el contador de otro vecino que, según su experiencia, pueden llegar a ser multados con 3.000 € “además de pagar la luz del okupa”. Aunque las compañías se preocupen por arreglar los contadores trucados éstos vuelven a ser manipulados cuando el técnico encargado abandona el edificio.

“De momento la solución que mejor nos ha funcionado ha sido poner alarmas de seguridad. Lo único que podemos es hacer es que todo sea lo suficientemente complicado para que no lo hagan”. Los arreglos de desperfectos, sistemas de seguridad y cerrajeros de urgencia le ha costado a la comunidad de la calle Fernando VII más de 10.000 €. “En siete meses nos hemos gastado el presupuesto de todo el año”, asegura este vecino.

Desconfianza | Como protesta por esta situación, miembros de ésta comunidad, junto con los de la calle Nicolás Fuster, llevan meses manifestándose cada domingo aunque “no van todos los que debieran”. Además, tienen sospechas de que algunos vecinos colaboran con los okupas. “Cada vez que cambiamos las cerraduras de las zonas comunes ellos tienen las llaves a la semana, por lo que creemos que alguien les está vendiendo las llaves”.

Por otro lado, consideran que este grupo de “okupas malos que intenta hacerse pasar por buenos” se aprovecha de plataformas como Stop Desahucios o la PAH de Pinto “para que no les echen”. Aseguran que muchos tratan de pedir un alquiler social de la vivienda okupada argumentando diversas situaciones de extrema necesidad. “No me dan ninguna pena, y al que se la dé que viva con ellos un par de meses- comenta enojado A.- Hemos pedido directamente a los bancos que no se les conceda el alquiler social”.

A pesar de todo, A. no se ha planteado en ningún momento dejar de su vivienda. “No puedo hacerlo, nadie puede. Es bonito vivir de okupa llevando tus trastos de un sitio a otro, pero yo tengo una hipoteca”, concluye.