¿Qué intereses defiende Guijorro en el Ayuntamiento de SMV?

Convenio con Arpegio | A finales de los meses de abril y mayo de 1999, en representación del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, tuve la satisfacción de suscribir un convenio urbanístico (textos provisional y definitivo) con la Comunidad de Madrid y su empresa pública ARPEGIO, con el objeto de que nuestro pueblo tuviera una estación de ferrocarril conectada a la Red de Cercanías de Madrid para que el tren no llegara solo hasta el Parque Temático.

La empresa pública ARPEGIO, que fue el instrumento utilizado por la Comunidad de Madrid para la compra de los terrenos en los que debía construirse el Parque Temático, tramitó el correspondiente Plan Parcial denominado «Parque de Ocio de la Comunidad de Madrid», y como promotora de ese suelo urbanizable venía obligada a la cesión del 10% del aprovechamiento medio del Sector, o su equivalente en metálico.

El aprovechamiento del Sector quedó fijado en 825.000 metros cuadrados edificables y la cesión municipal se cifraba en 82.500 metros cuadrados edificables, cuya valoración monetaria sería equivalente a 2.955.645.000 pesetas (17.732.664,18 euros) según se establecía en el proyecto de compensación aprobado.

SMV aporta más de 17 millones € para el tren | Pues bien, como el gobierno que entonces encabecé estaba decido a que nuestro pueblo contara con la citada conexión ferroviaria, a través del mencionado convenio nos comprometimos a cofinanciar parte los costes de la construcción del ferrocarril (tramo Parque Temático - San Martín de la Vega) mediante la entrega de los 17.732.664,18 euros en que se valoraba la cesión que debía realizar el promotor del Parque al Ayuntamiento.

Sobre los 85 millones de euros que costó el total de la obra del ferrocarril (Pinto-San Martín de la Vega), sin contar el importe de las expropiaciones, la parte proporcional de ese tramo del trazado ascendería a unos 20 millones de euros (más de dos millones por encima de lo aportado por el Ayuntamiento).

Desmantelamiento | El ferrocarril se puso en servicio el día 4 de abril de 2002, un día antes de que se inaugurara oficialmente el Parque Temático, y estuvo operativo hasta el 3 de abril de 2012, fecha en la que el Gobierno de la Comunidad encabezado por la Sra. Aguirre decidió su cierre.

La única ficha que se movió contra la decisión de la Sra. Aguirre de dejar sin servicio de Cercanías a los vecinos de San Martín fue obra del Grupo Municipal Socialista que presentó una moción al pleno del Ayuntamiento celebrado el 18 de abril de 2012 que resultó aprobada, con la abstención del PP, por la que se denunciaba: "que de suspenderse el servicio de Cercanías a nuestro municipio, por incumplimiento de la obligación adquirida de su inclusión en la Red de Cercanías de Madrid en el convenio suscrito (…/…), el Ayuntamiento de San Martin de la Vega requeriría el reintegro de la cantidad que correspondió a la sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico que le correspondía”.

El certificado del acuerdo plenario fue enviado por la Sra. Alcaldesa a la Comunidad de Madrid, sin ni siquiera un acuse de recibo que confirmara la fecha de su notificación.

El pasado mes de noviembre, transcurrido un año y medio desde que el Pleno aprobara la moción, además de la suspensión del servicio de trenes, se constata el desmantelamiento de las instalaciones de nuestra estación. Con la retirada de las máquinas canceladoras de billetes y con la eliminación de su vigilancia y mantenimiento, se provoca que sus instalaciones (escaleras mecánicas, ascensores, dependencias, etc.) puedan calificarse de inservibles como consecuencia de actos vandálicos.

A todo ello, se le suma la retirada tanto del cableado eléctrico de la línea (desde Pinto) como las catenarias que lo soportaban.

¿Y qué hace la Alcaldesa al respecto? Nada.

Vuelven a ser los concejales del PSOE quienes presentan una propuesta (a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento) y una moción al pleno de 27 de noviembre que no fueron estudiadas porque la señora Alcaldesa con su grupo de concejales lo impidieron, votando contra su posibilidad de debate.

Como la Comunidad de Madrid incumplió el convenio suscrito en 1999 al sacar a San Martín de la Vega de la Red de Cercanías de Madrid, el Grupo Socialista propuso en la moción:

- Que la Comunidad devolviera al Ayuntamiento los 82.500 m2 de edificabilidad correspondientes al aprovechamiento del Sector Parque de Ocio o los 17.732.664,18 €, de equivalente monetario (que tendrán la consideración de patrimonio público).

- Demandar a la Comunidad de Madrid y a ARGEGIO, S. A. (o a su sucesora legal) ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa si, transcurrido un mes, no se hubiera materializado la devolución anterior.

Se produce, por tanto, un incumplimiento de los artículos 68.1 de Ley 7/1985, de  2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 220.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que establecen que: «Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos».

Habiendo actuado la señora Guijorro como «perro del hortelano», tanto por su absoluta inactividad como por el rechazo del PP (con su mayoría absoluta) de la posibilidad de discutir la moción, como ya se ha dicho, entra en juego una posibilidad que establece la Ley de Bases de Régimen Local que es la fórmula de la acción vecinal sustitutoria.

Acción vecinal | Efectivamente, los artículos 68.2 y 220.2 de la Ley y reglamento, respectivamente, antes mencionados, también disponen que: «Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles».

Y ha sido precisamente eso, lo que hemos tenido que hacer cuatro integrantes de la corporación municipal que en 1999 votamos a favor del convenio que garantizaba el tren de Cercanías a San Martín. El día 30 de noviembre pasado hemos presentado escritos dirigidos:

- Al Ayuntamiento de San Martín de la Vega para que presente demanda contra la Comunidad de Madrid y ARPEGIO, S. A. (o a su sucesora legal) ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa instando la devolución de lo aportado para cofinanciar el ferrocarril.

- A la Presidencia de la Comunidad y a Nuevo ARPEGIO para darles a conocer el requerimiento.

Si la señora Alcaldesa de San Martín y su equipo de gobierno no facilitan el acuerdo plenario para la presentación de la demanda contra la Comunidad de Madrid tendremos que ser un grupo de vecinos quienes lo hagamos y deberemos organizar una “cuestación popular” para obtener los fondos que nos permitan hacer frente a gastos de procurador y abogado; gastos que serían reintegrados en caso que nuestras pretensiones fueran reconocidas por los tribunales.

Un gobierno caro que no defiende los intereses de los vecinos | ¿Pero cómo es posible que aquellos que tienen la imposición legal de defender los intereses de los vecinos la incumplan cuando, además, cobran por ello? Los nueve miembros del PP cuestan al Ayuntamiento unos 250.000€/año mientras los ocho concejales de la oposición 24.000; toda la oposición supone menos de 10% del coste del gobierno.

¿A quién beneficia el gobierno de Guijorro? | A lo anterior se añade la actuación de la señora Guijorro y del resto de concejales del PP que aprobaron incluir en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio un aumento de la edificabilidad lucrativa del sector del Parque Temático, que pasaría de 825.000 metros cuadrados a 1.225.000 metros cuadrados (contemplando también la construcción de 550 viviendas), comportamiento que supone el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio que anuló, por desviación de poder, el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 27 de diciembre de 2006 por el que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín de la Vega (que pretendía un aumento de 825.000 m2 a 1.130.000 m2). Este regalo para los propietarios de los terrenos podría alcanzar un valor de entre 30 y 40 millones de euros.

Y después de todo esto la pregunta es obligada: ¿Por qué la Alcaldesa del PP de San Martín no lucha por que la Comunidad devuelva a nuestro pueblo los más de 17 millones que nos debe por cerrarnos el tren, y se empeña en regalar a los propietarios del sector Parque de Ocio entre 30 y 40 millones de euros?

En definitiva, ¿Por qué en lugar de defender los intereses de las vecinas y vecinos de San Martín no toman decisiones que pudieran indisponerles con sus jefes del partido (que además mandan en la Comunidad) y pretenden regalar millones de euros a empresas privadas (cuando el Tribunal Supremo ya les ha dicho que es ilegal)?

No lo entiendo, pero no merecen ser depositarios de la confianza y representación de la mayoría de la ciudadanía. Políticos así son un fraude y merecen ser despedidos disciplinariamente y sin indemnización, aunque la han venido cobrando “en diferido” durante los últimos años sin tener derecho a ella.

Juan Carlos Vállega Fernández fue alcalde de San Martín de la Vega de octubre de 1988 a junio de 2003.