La quema de residuos en Morata de Tajuña podría afectar a los vecinos de Pinto, Ciempozuelos y San Martín de la Vega

La fábrica El Alto está ubicada en Morata de Tajuña y es, con una extensión de 60 hectáreas, la cementera más grande de España. Con el aumento del precio de los combustibles, la empresa Portland-Valderrivas busca una reducción de costes a través de la incineración de residuos sólidos urbanos. Se trata de abaratar el proceso de producción de cemento mediante la “valorización” [quema] de basuras como alternativa al uso de combustibles fósiles.

Efectos en los municipios cercanos

Fernando Palacios, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ha presentado un análisis acerca de las emisiones tóxicas que provocaría la quema de residuos en la cementera de Morata de Tajuña. De un estudio realizado sobre tres fábricas con características similares a la de Morata extrae que las emisiones afectarán “a largo plazo y con más intensidad a núcleos de población que estén situados en un radio de 4 km de la instalación y en algunas direcciones posiblemente hasta 30 km”. Añade, además, que en estas zonas se producirán “patologías de modo significativo por efecto de las sustancias más peligrosas”.

Ciempozuelos y San Martín de la Vega se encuentran a 13 y 8 kilómetros, respectivamente, de las instalaciones de Portland-Valderrivas. Pinto se encuentra a 25. El pasado 28 de febrero la corporación municipal de Ciempozuelos aprobaba una moción presentada por IU/LV que instaba a la paralización del proceso de autorización por parte de la Comunidad de Madrid por la afección que la incineración de estos residuos pudiera tener para los vecinos del municipio. El texto también prevé una consulta popular que permita conocer la postura de los ciudadanos. Todos los grupos de la oposición votaron a favor y el equipo de gobierno se abstuvo, afirmando que no conocían aún los efectos perjudiciales que sobre la salud pudiera tener esta actividad.

Dioxinas, furanos y metales pesados

Según los vecinos, la fábrica incinerará residuos urbanos, harinas cárnicas, lodos de depuradora, desechos de hospitales, distintos tipos de plásticos y neumáticos. Alegan que la actividad es altamente contaminante y “más si se lleva a cabo en un horno cementero, que no dispone de las medidas de protección adicionales que tiene una incineradora”.

Sostienen que en los informes que se realizan para obtener la autorización “se omiten agentes contaminantes muy importantes como son las dioxinas y furanos, algunos metales pesados, los éteres difenilpolibromados, etc”. Respaldados por distintos estudios médicos sentencian que “estas sustancias están en relación con los niveles de incidencia de distintas enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de otros tipos entre las que se incluye el cáncer. Son bioacumubles y han sido detectadas en la leche materna humana”.

“La emisión que se genere será similar”

Por su parte, Portland-Valderrivas alega que “la valorización energética” no supone peligro alguno para la salud humana y sus métodos no causan “perjuicios al medio ambiente”.

En la justificación del proyecto aseguran que no se incinerarán residuos peligrosos, que los metales pesados y residuos no volátiles serían neutralizados gracias a la cal y a la temperatura del horno y que la emisión no será diferente de la que se genera actualmente.

Participación ciudadana

Según concluye Fernando Palacios en su análisis, “la administración autonómica inclumple la normativa europea y estatal al impedir la participación pública en las decisiones del procedimiento”. Según el científico, la administración local tampoco ha contado con la opinión de los vecinos de los municipios afectados.

Critica que la “Memoria ambiental” realizada por la compañía oculte información en cuanto a la composición y emisiones de los combustibles a emplear y que el estudio de calidad del aire no contemple las sustancias más peligrosas.