El bucle policial
Desde hace años, la Policía Local de Pinto es informativamente opaca, lo que distorsiona su imagen ante los ciudadanos, que ven en el cuerpo, sobre todo, un ente recaudador a través de la imposición de multas. Por otro lado, la falta de medios materilaes y otros problemas son fuente de desmotivación para los profesionales. Esta situación tiene unos principales responsables: los sucesivos gobiernos locales.
La seguridad es uno de los pilares de la convivencia ciudadana, por ello los responsables de este servicio básico deben proporcionar información pública de sus actividades, sin que esto suponga en ningún caso desvelar confidencialidades. Pero desde hace años, la Policía Local de Pinto es informativamente opaca y ni siquiera hace público sus informes anuales de actividades, por lo que su imagen ante los ciudadanos se distorsiona. Son muchos los que ven en la policía sobre todo un ente recaudador a través de la imposición de multas, cuando la realidad es que en este cuerpo hay profesionales muy preparados, que desempeñan una función importantísima para la convivencia ciudadana.
De todo ello hay un único responsable: el Gobierno de Pinto, que es a quien corresponde informar y mostrar la cara y no la cruz de la Policía Local. Escudarse en que “no hay personal para las tareas de información”, como afirmó en 2009 la entonces concejala de Seguridad, es algo que sorprende si tenemos en cuenta que hay 90 policías locales en Pinto.
Este tono político mediocre y falto de decisión, unido a no proporcionar a la Policía los medios materiales necesarios para desempeñar su función, provocan “desilusión y desmotivación” entre los profesionales, como ellos mismos reconocen. Es evidente que estos factores influyen negativamente en la eficacia del cuerpo policial.
Dice el nuevo concejal de Seguridad que la polémica creación del puesto de director de Policía Local es “totalmente necesaria en estos momentos” y que puede solucionar estos y otros problemas que tiene el cuerpo. Si es así, bienvenido sea, pero en todo caso no es coherente que el mismo concejal -que también desempeña las labores de consejero delegado de Aserpinto- haya declarado hace tres meses que el Gobierno no contrató a un gerente en Aserpinto, empresa de más de 350 trabajadores, “porque no nos podíamos permitir pagar ese sueldo” y ahora se contrate a otro profesional para dirigir la seguridad del municipio con un coste para el Ayuntamiento de 100.000 euros. ¿Por qué en Aserpinto no y en la Policía sí?
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