El Ayuntamiento de Pinto se personará en la causa judicial que investiga las subvenciones a Pinto Argentina

El Pleno votó a favor, tan sólo gracias a la mayoría del Partido Popular y con los grupos de la oposición (PSOE, MIA y UPyD) en contra, para que el Ayuntamiento se personificara en la causa judicial que investiga las subvenciones a Pinto Argentina.


Pese a un informe negativo emitido por el secretario del Ayuntamiento, el PP dio el visto bueno al punto gracias un informe jurídico hecho por el abogado del partido en el que se apoyaba la participación del Ayuntamiento en el caso.


El caso Pinto Argentina fue mediático desde que en el 2007 ya hubiera informes de intervención que ponían en duda el fin lícito para el que se había dado el dinero, ya entontes el asunto se convirtió en algo turbio. Sin embargo ninguna institución, partido o colectivo denunció en los tribunales a Antonio Fernandez, personaje principal de la trama.


La única denuncia que se presentó, por parte de un particular, fue retirada años después. Denuncia a la que se adhirió el Partido Popular.


El Partido Popular ha utilizado este caso como ariete político contra el PSOE. Prueba de ello es que en esta legislatura crearon una Comisión de Investigación que no aportó absolutamente nada y en la que ni siquiera en las conclusiones de la Comisión se pidió la reprobación de nadie, por parte de nadie. Después de este fiasco, ahora el PP vuelve a la carga con la presentación de una querella personificada por el Ayuntamiento de Pinto, lo que como mínimo es una acción extemporánea, teniendo en cuenta que el PP gobernó de junio 2007 a diciembre del 2008.


El PP declaró en el Pleno que, pese a que len la Comisión decidiera lo contrario (no emprender acciones legales) “no queríamos que la Comisión de Investigación se quedara en un papel muy bonito”. La demanda “es una respuesta a los ciudadanos que se preguntaban si el Ayuntamiento iba a hacer algo”, explicada el PP.


Toda la oposición declaró no creer que el Ayuntamiento debiera formar parte del proceso abierto en los juzgados de Parla por el caso Pinto-Argentina, coincidiendo en que el Ayuntamiento “no recuperará el dinero”.


Frente a esto, el PP opinó que “si no se puede recuperar el dinero de los pinteños, que los responsables lo paguen”, como declaraba el segundo Teniente de Alcalde José Antonio Padilla. “Los políticos tomamos decisiones políticas”, continuó. Padilla también usó su intervención para advertir a la oposición que votar en contra significaba “no hacer nada por los pinteños”.  Rafael Sánchez, portavoz del MIA, reprochó al concejal del PP estar diciendo “que la Comisión de Investigación no haya servido para nada”. “Sirvió para depurar responsabilidades políticas”, expuso Sánchez, “aunque durante la propia Comisión ustedes dijeran que “esto de las responsabilidades políticas” lo difumináramos en el texto final”.


El PSOE también fue crítico con el gobierno. “El PP quiere salir para evitar una posible condena a costas y que, si esta llegara a darse, fueran los ciudadanos de Pinto quienes la paguen y no su partido”.

Puntos del Pleno

El primer punto fue sobre la modificación de la tasa reguladora por prestación de servicios de atención sanitaria y de emergencia, fue aprobado gracias a los votos favorables de PP y UPyD y con la abstención del resto de grupos. La redacción de la nueva ordenanza, que permitirá cobrar a otras administraciones o empresas aseguradoras la utilización de estos servicios, era "poco clara" para la oposición.


“Me gustaría que me aclarasen si cualquier ciudadano es el que habita o el que está empadronado en Pinto”, pedía el concejal del grupo magenta José Luis Contreras. El gobierno aclaró, una vez más, que todo aquel que requiera un servicio de atención sanitaria, sea cual sea su situación y condición social, será atendido sin ningún tipo de cargo adicional.

La respuesta convenció a UPyD, pero no a MIA y PSOE. Los primeros dudan que la Comunidad de Madrid no terminen cobrando a los vecinos y los segundos creen que el servicio seguirá siendo “insostenible” por las numerosas competencias que ha ido asumiendo desde que el Partido Popular llegó al poder. “¿Acaso prefieren que sigamos pagando el 100% del servicio (500.000 euros) como cuando estaban ustedes gobernando?”, fue la respuesta del concejal de Protección Civil, Alberto Vera.

Las primeras desavenencias entre unos y otros se produjeron a la hora de votar dos compatibilidades de personal del Ayuntamiento. Por un lado estaba la del funcionario José María Pajares, que colaborará con la Cruz Roja, y que recibió el voto unánime de toda la sala. Por el otro, estaba la petición del concejal del Partido Popular Salomón Aguado, ausente durante la votación, que destinará cuatro horas semanales, siempre fuera de su horario de trabajo, a la docencia en la Universidad a Distancia de Madrid.

Todos los partidos de la oposición quisieron recordar las palabras del gobierno en las que aseguraban que “un concejal liberado debe estar disponible las 24 horas del día todo el año”. Mientras que desde UPyD pedían que el concejal redujese su liberación en un 25%, en MIA hicieron hincapié en el gran número de responsabilidades dentro del Ayuntamiento de Aguado.

Por su parte, el concejal del PSOE Juan José Martín Nieto quiso saber cuál era el horario de trabajo de un concejal liberado, fuera del cual deberá realizar este trabajo. Entonces empezó una irreverente discusión en la que ni el primer teniente de alcalde, Julio López Madera, ni el portavoz socialista se decidían a contestar la pregunta.

Finalmente, la compatibilidad de Salomón Aguado fue aprobada con los votos a favor del PP, la negativa de UPyD y MIA y la abstención del PSOE.

También se ha aprobado por unanimidad que se inicien los trámites de estudio por parte de los técnicos municipales para poner en marcha un sistema de avisos de emergencias e incidencias a través del teléfono móvil.

Además, la concejala socialista Cristina Cuesta Montero tomó posesión durante su primer Pleno, tras la renuncia de Rafael Sánchez, en el que intervino poco.


A gritos
El Pleno fue un bochornoso ejemplo de política. En más de una ocasión, concejales de un lado y de otro interrumpieron durante los turnos de palabra y discutieron a voces en un pésimo espectáculo de "bandas". El concejal del MIA, Daniel Santacruz, se quejó de que una señora del público le había insultado, por lo que pidió a la alcadesa que la Polícía cogiera los datos. La señora salió del salón de actos, y la Policía recabó sus datos sin más incidentes.