La falta de consenso paraliza la aprobación definitiva del Plan General

El equipo de gobierno (PP) anunció a mediados de enero su intención de volver a someter a votación el documento que “se centra en concretar y completar la información que demanda la Dirección General de Urbanismo”, con el objeto de levantar la paralización a la que están sometidos los sectores S-2 “Cerro de los Sotos”, S-3 “Asomadilla”, S-4 “Altos de Palomero” y S-5 “Cantalorrica”. La oposición critica que el PP presentase dos días antes de la Comisión de Urbanismo el mismo texto que ya rechazaron en marzo de 2011 sin haber incluido modificación alguna.

Mª Ángeles Herrera justifica la actitud de su grupo afirmando que es un documento “meramente técnico pero necesario”. Se apoya en las “más de 5.000 firmas” que desde el ayuntamiento dicen que han recogido los propietarios de los terrenos con el objeto de desbloquear la situación. Sin embargo, el escrito de la petición no ha sido facilitado públicamente “puesto que varios de los firmantes se niegan a ello”, apuntan fuentes del consistorio.           La secretaria afirmó en el pleno que el ayuntamiento recibió las solicitudes de los propietarios, aunque no pudo precisar cuántas llegaron en total. Dejó constancia, además, de que en algunas de ellas era difícil comprobar que los datos aportados fueran correctos, ya que la documentación presentada para acreditar la propiedad podría ser errónea.

Documento de subsanación

El 3 de julio de 2008 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos, aplazando los sectores 2, 3, 4 y 5 hasta que se procediese a su modificación.

Para cumplir con lo establecido por la Comunidad de Madrid, el documento de subsanación establece un reajuste del número de viviendas, estableciendo un máximo de 8.000 respecto a las 18.000 recogidas en el anterior PGOU. También divide el sector dos en dos zonas o unidades de ejecución. Una de ellas, la unidad de ejecución 1, está incardinada en suelo urbano y no necesita un Plan Especial de Infraestructuras, al contrario que la unidad de ejecución 2, cuyo desarrollo queda condicionado a la aprobación de dicho documento.

Otro de los parámetros a revisar, relacionado con el ajuste del número de viviendas, es la reducción del uso residencial a 0,26%. El resto del aprovechamiento se destinará a otros usos compatibles, como locales comerciales u oficinas.

El Plan Especial de Infraestructuras

Otro de los requisitos que condicionan la aprobación definitiva del Plan General es la aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras. Aunque el texto que el gobierno presentó a pleno fuese aprobado y se levantase el aplazamiento al que están sometidos los sectores condicionados por las modificaciones de la Comunidad de Madrid, su desarrollo no comenzaría hasta que desde alcaldía se tramitase un Plan Especial de Infraestructuras, a excepción de una parte del Sector 2, la que está incardinada en suelo urbano.

Este documento deberá analizar las infraestructuras y servicios generales previstos en el PGOU y definir aquellas que garanticen el desarrollo de los sectores que conforman la ordenación urbana. También figura la valoración económica de tales actuaciones cuando esté previsto alguna asignación o reparto de costes entre las unidades urbanísticas afectadas.

Según Virgilio Izquierdo, redactor del Plan Especial de Infraestructuras, el documento está preparado y en constante evolución, adaptado a las nuevas necesidades que pudieran surgir. La alcaldesa, Mª Ángeles Herrera, ha dejado unos días para que los miembros de los grupos de la oposición introduzcan propuestas y se comprometió a iniciar los trámites de aprobación si la subsanación se aprobaba en el pleno.

El Sector – 2

La Comunidad de Madrid establece la división del Sector-2 “Cerro de los Sotos”, en dos unidades de ejecución. Según el ayuntamiento, “esta delimitación permite mantener en lo sustancial la ordenación pormenorizada incorporada al Plan General”. La densidad en la primera zona, la más cercana al casco urbano, será de 29,70 viviendas por hectárea y no más de 2.540 casas. En la segunda la densidad es menor, con 20,62 viviendas por hectárea, lo que se traduce en un máximo de 1.491 domicilios.

Cada sector cuenta, por ley, con un 40% de viviendas de protección oficial. Tal y como está redactado, se edificarán todas en la  misma unidad de ejecución, la primera.

Los miembros de los partidos de la oposición critican que este reparto es desigual y que la carga no será la misma para los habitantes de cada sector. Pedro Torrejón, portavoz de CPCI, afirmó en el pleno que la carga económica en la Unidad de Ejecución 2 será casi un 30% superior y afirmaba que “esa ventaja no es posible legalmente e impide el desarrollo”.

“No es sólo técnica, tiene matices políticos”

PSOE, IU-LV, CPCI y PIC rechazaron en el pleno el documento presentado por el PP. Cuando el equipo de gobierno sometió la misma propuesta a votación en marzo de 2011 todos los grupos de la oposición pidieron la retirada del punto por ser “un documento en el que no hemos participado” y no tener claro aquello que se pretendía aprobar. Mª Ángeles Herrera alegó en ese momento que “por responsabilidad política no podía paralizar el desarrollo de Ciempozuelos” e igualmente se comprometió a desarrollar el Plan de Infraestructuras si el punto salía adelante. No se retiró y la oposición votó en contra con argumentos similares a los de la última sesión plenaria.

Los partidos coinciden en que el desarrollo es necesario, pero no consideran adecuado el documento. Acusan la falta de consenso, la falta de tramitación del Plan Especial de Infraestructuras y la falta de equidad entre los sectores afectados. Según el PSOE, la redacción del documento de subsanación “no es sólo técnica, tiene matices políticos”. Proponen, además, acordar un borrador de infraestructuras y presentarlo ante la Comunidad de Madrid, presionando para que sea aprobado. Una vez aceptado, piden que se trabaje en un documento de consenso y que se apruebe en pocos meses.

Ante la negativa, Mª Ángeles Herrera instó a los grupos a presentar su propuestas para comenzar a trabajar cuanto antes. Afirmó también que los técnicos tendrían que estudiar lo expuesto por la oposición para comprobar si es todo viable. La condición que establecen PSOE, IU-LV, CPCI y PIC es que se desarrolle el Plan Especial de Infraestructuras: “mientras no esté, no se hará nada”.