“La empresa privada nunca pierde, aunque sea deficitaria”

¿En qué consiste el Plan de Sostenibilidad de la sanidad planteado por la Comunidad de Madrid?

El Plan señala unas reformas estructurales en la gestión sanitaria que implican la “externalización” -palabra que no existe en ningún idioma- de la actividad sanitaria en 6 hospitales y la concesión  de la prestación por asistencia sanitaria de Atención Primaria a 27 centros de salud. Esto implica que las empresas -tengan o no que ver con la sanidad- que consigan la concesión serán las encargadas de recibir los centros vacíos de personal y serán las que decidan cuántos profesionales necesitan para prestar asistencia  y conseguir los beneficios que lógicamente toda empresa desea.

¿Qué motivos hay para la privatización de la gestión?

En el preámbulo del Plan aseguran que se ha “logrado contener el gasto de una forma extraordinaria: sin las medidas que ya se han aplicado se hubiesen gastado mil millones de euros más en el último año”. El Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud expone que “el sistema nacional de salud ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado del bienestar (…)” y lo sitúa en la vanguardia sanitaria como un modelo de referencia mundial.

Tenemos entonces una sanidad de alta calidad y no es lógica la privatización de la gestión de los centros sanitarios públicos. La Consejería argumenta que es necesario ahorrar más, pero en los presupuestos de 2013 asigna más de 20 millones € para que la gestión en Atención Primaria se realice con medios ajenos mediante convenios y conciertos con “entidades privadas”.

¿Y cómo afectaría el Plan a los pacientes?

Van a ser los primeros afectados, aunque no todo el mundo se da cuenta de la gravedad de la situación. Las empresas, para reducir gasto, pueden contratar a un menor número de profesionales u ofrecer menos prestaciones de las que se ofrecen en la actualidad.

La gestión privada de la Atención Primaria implica aumentos significativos del número de pacientes por profesional, lo que deteriora la calidad. La empresa privada puede excederse en su finalidad de maximizar sus beneficios económicos, en detrimento de la eficacia y calidad de la atención sanitaria. La reducción de gastos conlleva la masificación de consultas y la disminución en las estancias hospitalarias o en la solicitud de pruebas diagnósticas: menos análisis, menos radiografías, menos interconsultas a especialistas.

¿Se privatizará alguno de los Centros de Salud de Pinto?

Nadie nos ha asegurado que no vayan a ser privatizados. Y tampoco a ningún director le han comunicado de manera rotunda que su centro de salud se vaya a privatizar. Siempre contestan que, a fecha de hoy, no se sabe cuáles van a ser privatizados. En Pinto estamos en el área de influencia del Hospital de Valdemoro, gestionado por Capio, por lo que es posible la privatización.

Aunque es posible que evitemos que la privatización se implante este año, debemos seguir alerta porque seguramente se continuará con esta estrategia en los futuros presupuestos.

En su opinión, ¿es positiva la privatización de los centros sanitarios?

En España, las regiones con más experiencia de gestión privada en el ámbito de la Atención Primaria son Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Cataluña, a pesar del apoyo del gobierno catalán a las EBA –sociedades con ánimo de lucro que gestionan 10 de las 380 áreas básicas de salud- no es un modelo querido por los trabajadores ni lo suficientemente atractivo para los visionarios de la “nueva gestión de la sanidad”.

En la Comunidad Valenciana, el modelo Alzira estuvo varios años con pérdidas y renunció a la concesión. Como es obligatorio ofrecer la sanidad a los ciudadanos, la Generalitat volvió a presentar otro concurso a las mismas empresas, asignándoles además 69 millones €. Al final se gastó más dinero del que hubiera invertido gestionándola ella misma.

En Madrid sucedió algo similar con la Fundación Jiménez Díaz. En 2002 se declaró en suspensión de pagos y el gobierno regional aumentó la aportación pública. La empresa privada nunca pierde, aunque sea deficitaria.

Pero la Comunidad de Madrid sostiene que la gestión privada es más eficiente…

Se comparan centros hospitalarios privados que ofrecen especialidades básicas, en las que los pacientes “cuestan menos”, con hospitales públicos que albergan especialidades de mayor complejidad, que precisan más tiempo, ingresos más largos y mayor número de pruebas. La Consejería defiende que la gestión privada es más eficiente, pero la comparación que realiza no es real.

Los hospitales que se pretende privatizar están entre los menos costosos de la región. El canon anual que la Comunidad de Madrid pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual, por lo que es muy fácil que las empresas que los compren puedan tener beneficios.

¿Y qué sucede si estas empresas quiebran?

Pues que la administración se vería obligada a acudir en su rescate. Es un negocio redondo. La aportación de dinero público que se da al Hospital Infanta Elena de Valdemoro (Capio) se actualiza anualmente y durante 30 años a una tasa anual igual al IPC más un 2%, junto con una cláusula de reequilibrio financiero. Esto puede significar doblar el gasto de adjudicación después de 5 y 10 años.

¿Entonces, por qué el Gobierno regional se empeña en la privatización de la gestión?

Las decisiones en política sanitaria se deberían adoptar en base a estudios científicos que demuestren que lo que se pretende implantar es beneficioso, y no en opiniones y visiones partidistas. Y no existe ninguna evidencia que demuestre que los modelos de gestión privada sean más eficientes que los públicos. Los estudios sí demuestran que, a la larga, la privatización de la sanidad pública conduce a un empeoramiento de muchos indicadores básicos de salud y acaba costando mucho más.

La situación es grave, está en juego la supervivencia de nuestro sistema público de salud, uno de los más baratos y de mayor calidad del mundo.

¿Son partidistas las protestas de los profesionales de la sanidad?

Nuestras reclamaciones no tienen nada que ver con intencionalidades políticas o con manipulaciones. Tampoco reivindicamos mejorar nuestras condiciones salariales. Estamos comprometidos con la estabilidad del sistema público de salud.

Los directores de los Centros de Salud comprendemos que el gasto actual en sanidad no resulta asumible y que es preciso encontrar soluciones para satisfacer de modo sostenible las exigencias de universalidad y equidad. Es necesario conjugar la competencia de los profesionales de la sanidad, con la eficiencia para administrar bien los recursos. Lo que no se puede hacer es destruir sin razones un sistema que ha conseguido ser históricamente el más justo de los que hemos tenido. Se puede recortar sin que se note ni afecte a la salud de los pacientes.