En el juzgado me dijeron que "no tenía nada que hacer”

Entre enero y septiembre de 2012 se produjeron en España 76.724 lanzamientos acordados por juzgados de 1ª instancia. De ellos, 11.006 en la Comunidad de Madrid. A estas cifras habría que sumar los casos en los que el desalojo se produce sin orden judicial, ya sea porque la entidad bancaria ha accedido a la dación en pago o por el abandono de la vivienda por parte de la familia, propiciado por miedo o vergüenza.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), califican la situación de “fraude generalizado” y denuncian la mala regulación del sistema bancario del país. “Los bancos están tasando las mismas viviendas a precios muy inferiores a los de la fecha de compra/venta”, sostienen. Esta tasación provoca que muchas personas no sólo pierdan su casa, sino que mantengan, además, gran parte de la deuda inicial.

Carmen y José Luis

El caso de Carmen, su marido José Luis y sus dos hijos es el primero que la Asamblea Popular 15M de Ciempozuelos gestiona en la localidad, “aunque sabemos que no es el único”, comentan. En noviembre de 2012 Carmen se pone en contacto con la Asamblea, aunque para entonces ya había dado la batalla por perdida. Ahora está asesorada y sabe que tiene derecho a un abogado. El siguiente paso es conseguir la dación en pago de la vivienda y un alquiler social.

En 2006, después de vender su vivienda en Vicálvaro, Carmen y José Luis compran un piso en Ciempozuelos por valor de 147.248 € y firman una hipoteca de 132.000 € con La Caixa. En 2006 ambos tenían trabajo y ningún mes tuvieron problemas para efectuar el pago.

En 2008 deben asumir los gastos de la reforma de la caldera de la casa, para lo que solicitan una ampliación de la hipoteca que La Caixa niega esta vez. Después de consultar a otras entidades consiguen la novación de la hipoteca –se produce un cambio de banco en la hipoteca, subrogando el acreedor- con Caixa Galicia. En el momento de la firma se les ofrece una cobertura de tipos que “nos iba a proteger de la subida del euríbor, pero no me dijeron que lo que tenía que pagar por esta cobertura aumentaría a medida que bajase el euríbor, me habían puesto el famoso suelo”, relata Carmen.

“Mi hipoteca no es mala, pero no tengo ingresos”

Carmen y José Luis pagaban unos 500 €/mes por la hipoteca de su casa, a 40 años. En 2010, cuando los dos estaban ya en paro, deciden revisar la cuota que pagan por la cobertura de tipos, que aumentaba cada mes. Para cancelarla el banco les pide 27.500 euros –aunque en el momento de la firma el banco sostenía que el coste de cancelación eran 3.000 €-. Carmen desconoce de dónde saca Caixa Galicia esta cantidad, pero afirma que se vio obligada a firmar un nuevo préstamo a 35 años.  “A mí no me explicaron de dónde salía, sólo sé que tenía que pagarla sí o sí, porque si no me quitaban la casa”, explica.

En marzo de 2010 el pago de la hipoteca les resulta imposible y dejan de abonar la mensualidad al banco. Caixa Galicia les reclamó, dos años después, la totalidad de la hipoteca, pero al no poder hacer frente a la deuda recibieron, el pasado mes de julio, el requerimiento judicial que inicia el proceso. De momento, la casa no ha sido subastada y la familia no tiene fecha de lanzamiento. Las negociaciones con el banco ya han comenzado y desde el 15-M afirman que, hasta ahora, “no se han portado mal y se han comprometido a estudiar el caso. Otra cosa es que estén dispuestos a conceder la dación en pago”.

Medidas municipales

El pleno municipal aprobó el pasado mes de septiembre una moción presentada por PSOE e IU en referencia a desahucios por impago de hipoteca. El texto proponía la creación de una Comisión Mixta de Desahucios, en la que participasen un representante de cada partido con representación municipal, los técnicos de servicios sociales, asociaciones vecinales y la asesoría jurídica municipal. También preveía la creación de un punto informativo que centralizase las consultas de los vecinos afectados y de un alquiler social. Además, instaba al ayuntamiento a “regular y tomar medidas para la paralización de nuevos desahucios”.

Desde el consistorio se han interesado en conocer el número de desahucios que se han realizado en el municipio, así como los que están previstos,  pero afirman que “desde el juzgado de Valdemoro no saben decir el número exacto porque llevan casos de toda la zona sur de Madrid”. Aseguran que están esperando a conocer mejor los detalles del Real Decreto aprobado por el gobierno central para aplicarlo y ayudar a los vecinos. IU presentó el 16 de enero un escrito por registro solicitando a la alcaldía “que se convoque la semana próxima la Comisión Antidesahucios, así como el punto de información al respecto”.

“Solicité una cita con la alcaldesa, pero no pude encontrarme con ella”, continua Carmen. Sí se reunió con otros miembros del equipo de gobierno, que le facilitaron el formulario de de solicitud de vivienda del IVIMA, “pero a mí eso no me vale, lo primero porque tendría que estar viviendo en condiciones infrahumanas, y lo segundo, porque yo consto como propietaria de mi casa. Hasta que no me la quiten, el IVIMA no me solucionaría nada”.

El Código de Buenas Prácticas

Según el 15-M, el caso de Carmen no es del todo malo, “aunque es bastante lioso por la segunda hipoteca, que no entendemos muy bien de dónde sale”. Solicitan al banco la dación en pago de la totalidad de la deuda, pero aseguran que si no alcanzan un acuerdo se ayudarán de la justicia gratuita para anular el contrato de la cobertura de tipos, porque “la Unión Europea ya se ha pronunciado y la ha declarado ilegal”.

El pasado marzo fue aprobado el Código de Buenas Prácticas para proteger a las familias en riesgo de exclusión social y, a pesar de su adscripción voluntaria, casi todas las entidades financieras lo han adoptado. El texto impone que todos los miembros de la familia se encuentren en paro y que posean una única vivienda, cuyo valor, en el caso de Carmen, no podrá superar los 120.000 euros. Tampoco se pueden beneficiar del código aquellos afectados que cuenten con aval externo y hace falta que la letra de la hipoteca suponga más del 60% de los ingresos conjuntos, entre otras restricciones. Estas condiciones han provocado que sólo se beneficien de él entre 120 y 130 familias en España.

El Real Decreto Ley

La situación se ha agravado hasta tal punto que el gobierno central se ha visto obligado a tomar medidas urgentes, considerando que la Ley Hipotecaria ha quedado obsoleta. Sin embargo, el texto acordado por el Consejo de Ministros no convence a los afectados. “Es una trampa, no hay por donde cogerlo”, asegura Mariel, miembro del 15-M Ciempozuelos, “lo peor es que muchos bancos, como Bankia, se acogen al Real Decreto y se niegan a negociar”.

El decreto paraliza el proceso de lanzamiento durante dos años, siempre que la familia reúna una serie de requisitos. “Los intereses corren igual, no contempla los desahucios previos, los dos años de moratoria empiezan a contar desde la aprobación del decreto…”, continúa Mariel, “hay que cogerlo con pinzas”.

El proceso comienza con un burofax

No es lo mismo paralizar el proceso que paralizar el desahucio. En estos momentos Carmen ha solicitado la paralización del proceso hasta que se produzca la negociación con el banco, pero los intereses siguen corriendo.

Según Mariel, “la gente tiene que entender que cuando te llega el papel del juzgado aún hay cosas por hacer”. El proceso se inicia con un burofax que reclama la deuda íntegra, a partir de ahí, la PAH recomienda buscar rápidamente asesoramiento. Si no se paga la deuda se entra en la fase de ejecución hipotecaria y el inmueble sale a subasta. Los afectados dejan de ser propietarios y se les da un plazo para abandonar la vivienda. Si se deja la casa y no se ha alcanzado acuerdo con la entidad bancaria, se procede al embargo del inmueble, aunque el banco reclama el resto de la deuda más los intereses de demora y las costas judiciales.

Desde el 15-M de Ciempozuelos lamentan que poca gente haya acudido a ellos, “muchos piensan que ya está todo perdido, otros sienten vergüenza y, por otro lado, está el estigma del 15-M y la mala imagen que muchos tienen de la Asamblea”. Han creado una cuenta de vivienda para informar a los vecinos (ciempo15m.vivienda@gmail.com), pero de momento no tienen prevista ninguna movilización, “de momento vamos a escuchar las propuestas del banco”.