Una chapuza y un escándalo

La adjudicación directa de la residencia Dolores Soria es un auténtico escándalo. Es inaudito que sea Mensajeros de la Paz quien pida la adjudicación directa de la residencia al Ayuntamiento, pero más preocupante es que esa petición se realice el 6 de noviembre y que el 19 todos los funcionarios involucrados emitan informes positivos. Los proveedores habituales del Ayuntamiento de Pinto, que esperan meses para que sus facturas sean simplemente contabilizadas, se sorprenderán de tanta premura en este caso.

El informe emitido por Dª Teresa Arias es un despropósito, está plagado de errores y, por tanto, sus conclusiones son falsas. Dice la técnico municipal que el importe mensual fijado por la Comunidad de Madrid en “residencias de mayores es de 1.445,85 € al mes, iva incluido”. Y añade, “tomando como referencia dicho importe, dos plazas residenciales gratuitas supondrían un importe de 2.891,70 € al mes, iva incluido, y 34.700,04 € al año, iva incluido”.

Dª Teresa demuestra un profundo desconocimiento del tema, ya que los 1.445,85 € mes a los que hace referencia no se refieren a un precio de plaza, sino al máximo que puede llegar a abonar un usuario de una plaza concertada cofinanciada de la Comunidad de Madrid. Es decir, es el máximo copago de un usuario en una plaza de dichas características, cuyo precio total puede ascender hasta los 1.800 €/mes.

También son erróneos el resto de precios que la técnica maneja en su informe, ya que toma como referencia los precios de concertación, sin valorar que dichos precios corresponden a concursos públicos en los que los adjudicatarios se comprometen a cumplir unos ratios de plantilla muy altos, algo que Mensajeros de la Paz no tiene obligación de hacer y, por tanto, sus precios no tienen nada que ver con las referencias que la técnica toma para cuantificar el canon a pagar al Ayuntamiento por Mensajeros.

Por fin no se tiene en consideración qué pasaría si no se ocupan las plazas del Centro de Día gratuitas y las dos plazas de emergencia social, que se ocupan muy pocos días al año, como sabe cualquier profesional del sector. Por todo ello es imposible saber cuál será el canon a pagar por el adjudicatario, lo cual pone en valor el reparo manifestado en su primer informe por parte de la interventora del Ayuntamiento.

Otra irregularidad -e incluso presunta ilegalidad- es que la adjudicación supera el 10% del presupuesto anual del Ayuntamiento, límite establecido por la Ley de Contratos del Estado para una adjudicación directa. Me explico, el precio del suelo + el de construcción del edificio es superior a 5,3 millones de euros (10% presupuesto Ayto Pinto).

Y, por fin, la Ley  establece el concurso en régimen de concurrencia, con carácter general, pero, en este caso, Mensajeros de la Paz se agarra a una excepción de la Ley… y el Ayuntamiento decide hacerle caso, obviando si no sería más ventajoso para los ciudadanos aplicar la norma general y hacer todo con transparencia.