“Sepa usted que aquí están echando a la gente de su casa”

En 2006 Mohamed se hipotecó para comprar un pequeño piso que entonces se tasaba en  200.000 €, pero que hoy vale mucho menos. Para afrontar esta compra, Mohamed firmó, como muchos españoles, una hipoteca sin leer la letra pequeña. El préstamo bancario fue de 183.000 € y la cuota mensual de 816 €, que no puede afrontar al quedar su mujer en paro y vivir el matrimonio y sus dos hijos con el único sueldo de Mohamed, que no supera los 1.000 €. Después de seis años pagando su cuota mensual, resulta que Mohamed aún debe al banco 160.000 €, pues la mayor parte de lo pagado han sido intereses.  

La letra pequeña no leída por Mohamed contenía una trampa, las  llamadas “clausulas suelo”. Desde el banco le dieron la posibilidad de alargar el plazo hipotecario diez años más para pagar menos, lo que Mohamed rechazó al saber que tendría que hacer frente a más intereses inflados. 

La sorpresa llegó semanas después, el banco le informó de que había vendido su hipoteca a otra entidad financiera. “Entre los papeles ponía que yo renunciaba al derecho de mi vivienda”, explica Mohamed. “No habíamos autorizado la venta, en ningún momento fui informado por la notaría, ni por los bancos”.

Así comenzó la cruzada financiera de Mohamed. “Me dirigí a todos los departamentos posibles dentro del BBVA. Lamentablemente, en todos ellos me contestaron que no podían hacer nada, salvo redactar una recomendación”. Entonces Mohamed recurrió a un abogado de oficio, que ha demandado al banco y al mismo tiempo ha recurrido al Banco de España reclamando una solución.

Pero la batalla de Mohamed no terminó ahí. “Convertí mi caso personal  en una causa social a nivel local: traté de destruir el silencio de los desahucios en Pinto”. Quien agarró la mano del empeño de Mohamed fue el 15-M, tanto durante su causa personal, como en su empeño local. El 15-M empapeló el municipio con un enunciado muy rotundo: “Sepa usted que aquí están echando a la gente de su casa”. 

La Asamblea de Pinto del 15-M siempre ha estado sensibilizada con la tragedia de los desahucios. Fue al ponerse Mohamed en contacto con ellos, cuando comenzó su actividad contra los lanzamientos en Pinto. Fernando Oliver es uno de los miembros del 15-M que lucha contra el “imperio financiero”, como él califica a los bancos. “He pasado de estar viendo el documental de La2 a ir a parar un desahucio”, comenta.  

“Fue hablando con Mohamed cuando decidimos que se podía hacer algo apoyándonos en la PAH”, añade Oliver. Desde el movimiento 15-M colaboran con las familias desahuciadas ofreciéndoles conocimientos legales, documentación e información sobre la posibilidad de la dación en pago. “Nosotros no ofrecemos una solución, sino una ayuda”.

La PAH de los pueblos del sur, que sale del 15-M, tiene su sede en Getafe. Esta plataforma, a la que pertenece Pinto, pretende aglutinar a todas las fuerzas sociales, incluidos los partidos políticos. “Creemos que todo lo que se pueda aportar en este tema siempre es bueno, no es momento de pensar en ideologías”, aprecia Oliver.

“Chema” (José Mª Ruiz) es representante de la PAH en Pinto. “Estamos desbordados”, asegura, “todos lo hacemos de forma voluntaria, no hay nadie que se dedique a esto profesionalmente”. La labor que no puede dirigir directamente la PAH se consigue a través del movimiento 15-M. “Son los que se han movido por nosotros”.

La Comisión Mixta de Desahucios se constituyó el 16 mayo, fruto de una moción del MIA aprobada en el Pleno Ordinario de enero. Desde entonces participan en la Comisión un miembro por cada partido político con representación municipal y otros miembros del 

Equipo de Gobierno. 

A propuesta del MIA se aceptó que la PAH tuviera presencia en la Comisión como miembro estable, sin embargo, el PP se opuso a que formara parte la Asamblea 15-M de Pinto. “Es una paradoja que nos hayan excluido -comenta Fernando Oliver- porque hay miembros del 15-M en la PAH”. 

Hasta ahora, la Comisión Mixta de Desahucios ha logrado parar los tres lanzamientos que ha habido en el municipio desde su constitución. Una actuación “óptima” en palabras de su presidenta, Rosa María Ganso, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pinto. En dos de ellos, se ha acordado que el banco se comprometerá a buscarles a ambas familias un alquiler social  entre los 250 y los 300 euros. 

Pero con núcleos familiares enteros en el paro, desde la Comisión son conscientes de que lo imprescindible es encontrar un empleo a estas familias que pueda cubrir el importe de las viviendas de alquiler social. “Es difícil, pero hacemos todo lo que podemos”, asegura Ganso.

La presidenta expone que desde la Comisión se persigue el mismo objetivo que desde el resto de plataformas: la aceptación por parte de la entidad bancaria de la dación del pago. Asimismo, también siguen el mismo modus operandi, deben ser los ciudadanos quienes acudan a la Comisión para solicitar ayuda, y el mismo problema, la vergüenza de los pinteños a solicitarla. “En los pueblos cuesta mucho más, existe una vergüenza añadida por la proximidad”, asegura el portavoz de la PAH, Chema, “hemos valorado acercarnos nosotros, pero no tendría sentido”. 

Por otro lado, desde su formación la Comisión ha visto incrementado el número de personas que acuden a solicitar asistencia. Según Ganso, no puede hablarse de una “avalancha”, pero entre la población se ha creado conciencia de ayuda, “acuden a la Comisión antes que a Servicios Sociales”.

Desde su creación, se acordó que la Comisión Mixta de Desahucios estuviera formada por asociaciones del municipio. El 15-M -que no está constituido como asociación- no tiene personalidad jurídica. “Por otro lado ya estaba la PAH, así que no vimos necesario que el 15-M estuviese en la Comisión”, afirma Rosa Mª Ganso.

Sin embargo, desde el 15-M insisten en que existen reticencias por parte del PP a que colaboren, además de falta de comunicación. “Parece que no quieren que participemos en nada público”, afirma Fernando Oliver. Ganso, como presidenta de la Comisión y concejala del PP, rechaza la percepción de Oliver asegurando que no quiere “trifulcas políticas” y corrige al movimiento indignado: “El PP no es el enemigo del 15-M”. 

A última hora del martes 12 de junio, Victoria pudo volver a respirar, el banco paralizaba hasta el 10 de septiembre el desahucio de su casa, programado para las 9.30 del día siguiente.

Durante esa misma tarde, el movimiento 15-M y la colaboración de los pinteños puso en marcha una masiva pegada de carteles en la sucursal que el BBVA tiene en la Avenida de España. “Nos dimos cuenta de que ensuciar el pueblo a veces es bueno”, recuerda Fernando Oliver.  El banco necesitó ver peligrar su imagen social para dar su brazo a torcer, el que sólo un día antes, durante la reunión mantenida con la Comisión Mixta de Desahucios, se mantuvo inflexible. 

Oliver recuerda cómo durante aquella reunión, el primer teniente de alcalde y miembro de la Comisión, Julio López Madera, espetó a los representantes de la entidad: “Aquí se viene a negociar, si no, no vengan”.

El éxito conseguido en la paralización de los desahucios da de prórroga hasta septiembre. Ese mes finalizará el plazo para el desalojo de las tres viviendas. La paralización de los desahucios no es la meta a alcanzar, Comisión, PAH y 15-M luchan por la implantación de la dación del pago.  “No deja de ser un parche -cree Oliver- pero es un tiempo que nos permite conseguir algo”. “Volveremos a forzar el aplazamiento hasta que consigamos la dación del pago”, asegura Chema.

“Se han tapado desahucios”, sostiene Oliver, quien estima que ha habido hasta 28 desahucios en Pinto que no se han ejecutado de manera oficial. 

El Ayuntamiento no desmiente estos datos en cuanto al número de desahucios. “Probablemente haya habido más -asiente Rosa Mª Ganso- pero es importante diferenciar entre un desahucio por alquiler y uno por hipoteca”. Ocurre que, en ocasiones, no es un banco quien solicita el desalojo de la vivienda, sino un casero, un ciudadano que desde hace meses no recibe la renta del alquiler y que no consigue evacuar a sus inquilinos. “Yo no puedo intermediar entre particulares -explica la concejala-  sólo intervenimos en desahucios hipotecarios, el resto de casos los llevamos desde Servicios Sociales”. 

A la hora de hacer discriminaciones en los desahucios todos declaran que para llevar el caso debe tratarse de una hipoteca bancaria. “Desde la PAH asumimos el caso completamente cuando es una cuestión hipotecaria, que sea de primera vivienda y que esté claro que se ha producido el proceso hipotecario”, explica Chema.

De los desahucios paralizados en Pinto, uno correspondía a una vivienda del IVIMA. “Tuvimos que ser muy prudentes”, explica Oliver, “nos llegó el aviso de un desahucio inminente, con menores… fue en el mismo momento que llegamos cuando nos enteramos de que la familia no pagaba desde hacía 16 años”.

“Igual no hubiésemos intervenido”, admite Oliver, pero justifica su actuación al existir tres viviendas del IVIMA tapiadas desde hace meses en ese mismo edificio”.  “Entendemos que no les quitaba el piso porque lo necesitara otra familia”. 

Pero las tres viviendas tapiadas del IVIMA se encuentran en procedimientos judiciales de desahucio que pueden prolongarse durante años. Las familias que las habitaban siguen siendo dueñas de la vivienda. “Es indispensable tapiarlas, porque si no enseguida se llenan de ocupas”, aclara Ganso.

El próximo desahucio marcado en el calendario tanto de la Comisión Mixta de Desahucios, del 15-M, como del resto de los pinteños, está fijado para enero de 2013. Pero por el momento existen otros tres desahucios sin fecha de lanzamiento y que por lo tanto podrían efectuarse en cualquier momento. 

El 19 de abril se presentó en Madrid la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular en favor de la dación en pago retroactiva (que se salde la deuda con la entrega del inmueble), la paralización de los desahucios y el alquiler social. La comisión promotora, formada por la PAH y otras entidades sociales, pretende, hasta el próximo octubre, recabar más de 500.000 firmas para que pueda plantearse en el Congreso de los Diputados una modificación de las actuales leyes hipotecaria y de enjuiciamiento civil que permita que, en los casos de vivienda habitual, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la propiedad y “poder así empezar de cero”.