Una nueva incineradora amenaza la salud del sur de la Comunidad de Madrid

El sur de Madrid se enfrenta a un nuevo desafío medioambiental. En 1978 comenzó a funcionar el vertedero de Valdemingómez, hoy convertido en un macrocomplejo formado por ocho plantas de tratamiento. Ocho años más tarde, en 1986, arrancó el vertedero de Pinto, que se extiende también por los municipios de Getafe y San Martín de la Vega y ya es el más grande de Europa. Ahora, la empresa PreZero pretende construir un centro de tratamiento de residuos en Titulcia.

‘Jarama’ sería, en puridad, una macroincineradora que se ubicaría en una parcela de 65.486 metros cuadrados pegada a la Red Natura 2000 y al Parque Regional del Sureste y situada a solo 1,5 km del casco urbano de Titulcia. Estaría a poco más de 5 km de las primeras casas de Ciempozuelos, 6,5 km de las de San Martín de la Vega y alrededor de 11 km de las de Valdemoro. Distancia suficiente para notar su impacto.

El complejo tendría una capacidad de entrada de residuos de 323.950 toneladas al año, igual a la de Valdemingómez, de las que la práctica totalidad podría destinarse a valorización energética, es decir, que se quemarían. El proceso se realizaría mediante parrillas móviles refrigeradas por aire y los gases se liberarían a través de una chimenea de hormigón de 70 metros de altura.

A Titulcia llegarían las fracciones rechazadas que no pudieran recuperarse y el combustible derivado de residuos (CDR) procedente del resto de instalaciones de tratamiento de la región. Nadie en el entorno entiende esta nueva construcción cuyo futuro depende de que la Comunidad de Madrid le otorgue la Autorización Ambiental Integrada.

Gestado a fuego lento

El proyecto se ha cocinado durante los dos últimos años. La empresa ha sondeado localidades del entorno como San Martín de la Vega, Chinchón y el propio Titulcia para estudiar cuál era la mejor localización. “Sabía que algo quería hacer la empresa por la zona, pero sinceramente creía que el proyecto había muerto”, cuenta el alcalde de San Martín de la Vega y diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Martínez. Finalmente, Titulcia fue la elegida para acoger las instalaciones.

PreZero expone que “la Comunidad de Madrid afronta un momento clave en la evolución de su modelo de gestión de residuos” ya que el sistema vigente “presenta limitaciones para cumplir con los objetivos establecidos en la normativa europea y nacional”. La empresa argumenta que la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la Comunidad de Madrid -en la que en ningún caso se plantea la apertura de una nueva incineradora en la zona sur- establece “la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, seguro y alineado con los principios de la economía circular”.

El Centro de Tratamiento de Residuos Jarama sería “una infraestructura estratégica para reforzar la capacidad regional de tratamiento y contribuir al cumplimiento de dichos objetivos”. Así, garantiza que sus sistemas de depuración de gases de última generación “permiten alcanzar niveles de emisión muy inferiores a los valores límite” y que no se vertería al suelo ningún tipo líquido. Su llegada, afirma PreZero, no solo ayudaría a generar electricidad equivalente al consumo doméstico de 80.000 hogares y reduciría emisiones, sino que generaría “empleo estable y actividad económica”.

Eso sí, el propio estudio reconoce que la M-404 tendría que soportar una carga de 411 desplazamientos diarios, 330 de ellos de vehículos pesados, para transportar los residuos a las instalaciones.

Sí, pero no

Sus palabras parece que convencieron al equipo de gobierno de Titulcia, donde gobierna el PSOE con mayoría absoluta. Miembros del Ejecutivo y de la oposición confirmaron sus buenas impresiones en junio de 2025 durante una visita a una planta de tratamiento de similares características que PreZero gestiona en Roosendaal (Países Bajos). Es por ello que, como asegura el Gobierno, “la propuesta se aprobó en pleno con el voto favorable de la oposición”. Pero, a pesar de todo, lo cierto es que la transparencia ha brillado por su ausencia a lo largo de este proceso.

Los vecinos conocieron la noticia a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 9 de octubre. El Gobierno, que hasta el momento no había hablado públicamente de la posible llegada de una macroincineradora, ni siquiera aclara qué se aprobó en pleno ni cuándo se votó. La página web del Ayuntamiento de Titulcia no publica las actas plenarias ni las grabaciones de las sesiones desde el año 2022, pero a través de la oposición se sabe que lo que se votó fue un informe de compatibilidad urbanística que ya había recibido el visto bueno de los técnicos municipales.

En una declaración de intenciones difícil de materializar, el Gobierno anunció que exigiría a la empresa que asuma la totalidad del coste del suministro eléctrico tanto público como privado del pueblo, pague parte del tratamiento de residuos, priorice la contratación de vecinos, construya un centro de bienestar con gimnasio, spa y piscina de verano y aporte a Titulcia anualmente un 1,5% de la cifra neta de negocio. Incluso aseguró que obligaría a la Comunidad de Madrid a desdoblar la carretera M-404, hacer un carril bici, mejorar el transporte público del entorno y construir una residencia de mayores.

La alcaldesa, Francisca Suárez, a la que todos conocen como Paqui, ha reconocido que “comparto vuestras preocupaciones por nuestra salud, nuestras familias y nuestro entorno, porque también son las mías”, pero defiende que “tengo la responsabilidad de estudiar las oportunidades que se presentan para nuestro pueblo”. Aunque ha llegado a declarar que “creo firmemente que este proyecto puede marcar un antes y un después para Titulcia”, finalmente el Gobierno se opondrá a la construcción de la incineradora. El primer paso se dará en un pleno extraordinario que se celebrará esta tarde y en el que aprobará una mocion para oficializar su rechazo.

Rechazo

Un cambio de rumbo que se produce única y exclusivamente por la oposición ciudadana. Fuentes consultadas por ZIGZAG aseguran que la dimisión de la concejala María Teresa Martín en junio de este año estuvo precisamente relacionada con la llegada de la incineradora. También se han posicionado en contra compañeros de partido de municipios aledaños como la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, que ha rechazado un proyecto que “nos afecta gravemente”. La regidora dice que presentará alegaciones y movilizará al tejido asociativo para que “entre todos lo paremos”.

Su homólogo de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, concede que “algo hay que hacer con la basura”, pero defiende que “no podemos permitir que estas plantas se sigan instalando en el sur de Madrid” y por ello su equipo también presentará alegaciones. Y es que el regidor sabe lo que es enfrentarse a un proyecto que cumple con toda la normativa, pero que va en contra de los intereses de los vecinos y el medioambiente.

En 2026, una empresa realizó los trámites e incluso comenzó a construir una segunda gasolinera en el caso urbano de San Martín de la Vega. Sin posibilidad de paralizar la instalación técnicamente, el Ejecutivo negoció un convenio para modificar la ordenanza e impedir crear nuevas estaciones de servicio en el centro. Así, los propietarios rentabilizarán aún más la gasolinera que ya tenían y San Martín de la Vega se ahorra una segunda.

En el Partido Popular también han rechazado la construcción de la macroincineradora. El Gobierno de Valdemoro ha enviado una carta a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid solicitando toda la información. En Ciempozuelos, la formación ha adelantado que presentará alegaciones al proyecto y se ha preguntado si Raquel Jimeno, al igual que el alcalde sanmartinero, conocía previamente las intenciones de la empresa. “Si lo conocía, ¿por qué lo ha ocultado? ¿Por qué no ha actuado antes? ¿Por qué ha esperado a llegar a esta situación?”

Lucha vecinal

Pero si alguien está presentado batalla a esta nueva instalación, son los vecinos y asociaciones de Titulcia y del resto del sur de la región. Temen que la exposición continuada a los gases de la planta pueda provocar entre la ciudadanía problemas respiratorios y cardiovasculares y que acaben afectando a los cultivos y el entorno medioambiental de la zona. Por ello, reclaman que se lleve a cabo un estudio de dispersión atmosférica e información clara sobre los residuos tratados.

La idea es unirse en una misma plataforma desde la que luchar contra el proyecto de la nueva incineradora. Alrededor de 200 personas mantuvieron una primera reunión el 15 de octubre en la sede de la asociación Garaldea Ecofeminista, donde expusieron sus dudas y estudiaron la hoja de ruta a seguir. “Esto es un pelotazo para ganar dinero a costa de todos nosotros”, denunció José Luis Fernández, que hasta su jubilación fue inspector de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y actualmente es miembro de la Asociación de Ambientólogos de Madrid.

Fernández puso voz al malestar de todos los presentes en el encuentro. “Para resolver un problema con los residuos van a generar otro, que es el envenenamiento de los vecinos”, esgrimió. La intención del colectivo es acudir no solo al pleno monográfico convocado por el Ayuntamiento de Titulcia, sino a las reuniones que PreZero ha organizado para vender el proyecto a los vecinos. Además de comenzar una campaña en Change.org que ya ha conseguido más de 5.000 firmas, presentarán alegaciones ante la Comunidad de Madrid para tumbar la posible construcción de la incineradora.

Independientemente de que salga adelante la macroincineradora, será el Gobierno de Titulcia quien tenga la última palabra. En su mano está otorgar las licencias de obra y actividad, el último paso antes de dar luz verde al proyecto. Los vecinos, en cualquier caso, se sienten traicionados por todas las partes y no esperarán para plantar cara al último desafío medioambiental al que se enfrenta el entorno. Porque, como acertadamente comentan los vecinos, “estas cosas nunca las ponen en La Moraleja”.