El presunto responsable se hizo pasar por un proveedor para desviar el pago de una factura.
La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas cometidas mediante la técnica conocida como Business Email Compromise (BEC) que afectaron a dos empresas, una de ellas ubicada en Pinto, y que provocaron unas pérdidas conjuntas de alrededor de 12.000 euros. La investigación ha permitido identificar a un presunto responsable, al que también se atribuyen delitos de falsificación de documento mercantil y acceso ilícito a sistemas informáticos.
La investigación comenzó después de que la empresa de Pinto detectara una transferencia que no correspondía a la cuenta habitual de uno de sus proveedores. El presunto autor habría obtenido previamente información sobre las comunicaciones y operaciones comerciales de la empresa mediante el acceso a sus sistemas informáticos para que el correo fraudulento resultara creíble.
La compañía recibió un mensaje que aparentemente procedía de uno de sus proveedores y en el que se le indicaba que debía realizar el pago de una factura pendiente en una nueva cuenta bancaria. El correo utilizaba un dominio prácticamente igual al legítimo, aunque con algunas letras modificadas. El engaño se reforzó utilizando información real sobre la relación comercial entre las dos empresas y el importe exacto de una factura que todavía estaba pendiente de pago.
La empresa efectuó la transferencia sin sospechar que se trataba de un fraude, pero acabó descubriendo la estafa cuando contactó directamente con el proveedor y comprobó que este no había enviado el correo ni había solicitado ningún cambio en sus datos bancarios. Durante las pesquisas, los agentes localizaron una segunda empresa perjudicada en Valencia que había sufrido un fraude con un procedimiento similar y que ya había denunciado los hechos ante otro cuerpo policial.
El Equipo @ de la CiberComandancia encontró elementos que podían relacionar ambas investigaciones y solicitó el traslado de las diligencias para analizar conjuntamente los dos casos. El estudio de las operaciones económicas y de las pruebas recopiladas durante varios meses permitió establecer conexiones entre los fraudes y llegar hasta el presunto responsable. Entre ambas estafas, las dos compañías sufrieron pérdidas de unos 12.000 euros.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas tomó declaración al investigado, al que se atribuyen dos presuntos delitos de estafa, uno de falsificación de documento mercantil y otro de acceso ilícito a sistemas informáticos. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria.
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