El resto de la corporación rechazó una adjudicación directa al considerar que vulneraría los criterios de igualdad y la legalidad vigente.
En el pleno de julio del Ayuntamiento de Pinto, Vox presentó una moción para garantizar una solución habitacional urgente a una familia del municipio formada por una mujer de 87 años, su hijo con discapacidad y la hija que cuida de ambos. Su propuesta pasaba por ofrecer una alternativa antes del 1 de octubre y, en caso de no lograrla, ceder de forma excepcional una de ocho viviendas municipales destinadas al programa de atracción de profesionales sanitarios. Curiosamente, fue el voto de Vox el que permitió que saliese adelante la iniciativa del Gobierno para que esas viviendas perdiesen su carácter social.
Se trata de una familia que familia lleva 19 años residiendo en la misma vivienda de alquiler y que, tras la decisión del propietario de no renovar el contrato, se encuentra sin opciones para acceder a otro inmueble pese a contar con ingresos para afrontar una renta. "Pinto necesita médicos, pero esta familia también necesita ayuda", defendió el portavoz de Vox, Miguel Maldonado, que considera que "recursos existen, lo que hace falta es voluntad para utilizarlos".
Aunque el debate estuvo marcado por un consenso general sobre la necesidad de prestar apoyo a la familia, el resto de la corporación decidió no respaldar la propuesta al entender que supondría otorgar un trato preferente frente a otros vecinos en circunstancias similares. PSOE, Más Madrid y Unidas Pinto-Podemos rechazaron la moción recordando que las viviendas municipales para médicos continúan sin ocuparse cuando podrían destinarse a familias vulnerables.
Partido Popular y Pinto Avanza, por su parte, se abstuvieron alegando que el Gobierno ya estaba trabajando con esta familia antes incluso de que Vox presentara la propuesta. La concejala de Familia, María Jesús Castro, explicó que los Servicios Sociales les han informado sobre las ayudas municipales para el acceso a la vivienda y sobre la posibilidad de solicitar un inmueble a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, además de ofrecerles asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso.
En cuanto a la petición de que la familia se instale en una de las futuras viviendas para médicos, la edil consideró que perjudicaría un proyecto estratégico para el municipio y generaría un agravio comparativo respecto a otras familias que atraviesan circunstancias similares. "Gobernar significa ayudar a quien lo necesita, pero hacerlo respetando la legalidad, garantizando la igualdad de trato y gestionando los recursos públicos pensando siempre en el interés general", afirmó.
Javier | Viernes, 07 de Agosto de 2026 a las 08:03:37 horas
Lo que no es de recibo es regalar vivienda pública a unos profesionales con capacidad económica más que suficiente para pagarse donde vivir y el concepto es absurdo, pelotearles para que vengan aquí y no a otros pueblos cuando es algo que es competencia de la Consejería de sanidad. Ojalá que está familia pueda salir adelante pero no con buenas palabras, con soluciones.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder