El Ayuntamiento de Ciempozuelos y la empresa encargada de la piscina separan sus caminos

El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha aprobado la resolución definitiva del contrato de concesión de la gestión del complejo deportivo y de ocio de la piscina climatizada y de verano, adjudicado a la empresa Neo, después de que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid concluyera que el incumplimiento del contrato era imputable a la concesionaria. El acuerdo salió adelante en el pleno de julio con los votos favorables del PSOE, Ciudadanos por Ciempozuelos y Más Madrid, mientras que Partido Popular y Vox optaron por la abstención.

La propuesta aprobada contempla la resolución del contrato, la incautación de los avales constituidos por la empresa, que suman más de 425.000 euros, y faculta a la Alcaldía para ejecutar todos los trámites necesarios para la reversión y liquidación de la concesión. A pesar de que no se produjo ningún voto en contra durante la sesión, el debate estuvo marcado por el enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición sobre la gestión del conflicto con la empresa concesionaria.

El Partido Popular respaldó que el Ayuntamiento solicitara el dictamen de la Comisión Jurídica, aunque recordó que este "es preceptivo, pero no vinculante". Su portavoz, Patricia Maroto, acusó a los socialistas de intentar presentar el informe como una "absolución política" y sostuvo que el fracaso de la concesión también responde a la gestión municipal. Además, preguntó cuál será el coste económico que tendrá este conflicto para los vecinos y qué responsabilidades políticas asumirá el Gobierno. Vox, por su parte, justificó su abstención apuntando que "quien tiene que tomar las decisiones es un juez", al tiempo que advirtió de que el proceso "se va a alargar" y acabará teniendo consecuencias para los vecinos.

Ciudadanos por Ciempozuelos sí apoyó la resolución del contrato al entender que el dictamen jurídico avala la decisión del Gobierno, aunque criticó que el procedimiento no se hubiera resuelto con mayor rapidez. Su todavía portavoz, Pedro Torrejón, lamentó que "quien ha sufrido ha sido los vecinos" y consideró que desde el principio se debería haber buscado una resolución pactada con la empresa para evitar el deterioro del servicio. También reclamó que se exijan las responsabilidades económicas tanto a Neo como a la anterior concesionaria por el estado en el que quedaron las instalaciones.

Más Madrid también votó a favor, aunque aprovechó el debate para insistir en que la gestión de las instalaciones deportivas debería pasar a ser pública. Su portavoz, Carlos Girbau, defendió que, tras los problemas con dos concesionarias consecutivas, el Ayuntamiento debe estudiar fórmulas como la creación de una empresa pública para evitar que se repitan situaciones similares en futuras licitaciones.

Desde el PSOE defendieron que actuaron conforme a la legalidad y aseguraron que el dictamen de la Comisión Jurídica confirma que la empresa incurrió en incumplimientos graves de sus obligaciones contractuales. "Hoy no hablamos de opiniones políticas, hablamos de legalidad y de rigor administrativo", afirmó el portavoz del Gobierno, Luis Pueyo, antes de acusar al Partido Popular de sembrar dudas sobre el trabajo de los técnicos municipales y reprochar a Vox su abstención.

La alcaldesa, Raquel Jimeno, cerró el debate agradeciendo el trabajo de los técnicos municipales, varios de los cuales, junto a ella misma, han sido querellados por la empresa durante el procedimiento. Defendió que el Ayuntamiento ha actuado para proteger el interés general y aseguró que la concesionaria decidió abandonar el contrato apenas unos días después de iniciar la explotación de las instalaciones. También acusó a PP y Vox de utilizar políticamente el conflicto y agradeció la actitud de Ciudadanos por Ciempozuelos y Más Madrid durante la tramitación del expediente. "Lo que se ha hecho es lo necesario para la defensa de los bienes de los vecinos y vecinas", concluyó.