Desahucian a una familia con niños y en situación de vulnerabilidad en Ciempozuelos

Una familia con menores de edad a cargo, uno de ellos con discapacidad, fue desahuciada el 26 de junio de una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid en la calle de Vereda del Prado, en Ciempozuelos. Desde primera hora, integrantes de la Plataforma Antidesahucios de Leganés, PAH Vallekas y militantes de Izquierda Unida de Ciempozuelos se concentraron frente al inmueble, pero, sobre las 10.30 horas, la comisión judicial, junto a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, accedió a la vivienda y ejecutó el desahucio.

"Esta familia acudió al Ayuntamiento buscando ayuda, orientación y la posibilidad de empadronarse para poder acreditar su situación de vulnerabilidad y acceder a la protección que la ley contempla en estos casos", ha explicado Santiago Barrera, de Izquierda Unida, que asegura que la imposibilidad de empadronarse impidió a la familia regularizar su situación y acceder a suministros básicos. "Esto es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Al no tener nada a lo que aferrarse, no tienen ninguna documentación que entregar, no les pueden dar servicio ni de luz, agua, nada, y ahora han venido a desalojarlos".

La formación también asegura que solicitó al Ayuntamiento que activara los recursos sociales necesarios y evitara la participación de la Policía Local en el desalojo, además de reclamar una alternativa habitacional para la familia. Asimismo, sostiene que la Fiscalía había pedido la revocación del lanzamiento por la situación de vulnerabilidad de los afectados, aunque finalmente la jueza, la Agencia de Vivienda Social y el Ayuntamiento siguieron adelante con el procedimiento.

Tras el desahucio, Izquierda Unida ha criticado la actuación de las administraciones implicadas y considera "inadmisible que una administración pública, cuya obligación es velar por la protección de sus vecinos y especialmente de los menores y personas con discapacidad, dé la espalda de esta manera a quienes más lo necesitan". La formación concluye que "la protección de la infancia y de las familias vulnerables no es opcional: es una obligación moral, social y legal".