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El Ayuntamiento de Pinto ordena el cierre temporal del centro de acogida de menores migrantes

Raúl Martos Martínez Ver comentarios 1 Martes, 30 de Junio de 2026 Tiempo de lectura:

Ha concedido dos meses a la entidad gestora para regularizar su actividad.

El Ayuntamiento de Pinto ha ordenado el cese inmediato de la actividad del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados ubicado en un chalé de la localidad al considerar que funciona sin la autorización urbanística exigida por la normativa municipal. La resolución concede a la entidad gestora, Nuevo Hogar Betania, un plazo de dos meses para intentar legalizar la actividad, aunque advierte de que, si no reúne los requisitos establecidos, se procederá a su cierre definitivo.

 

La decisión llega tras varios meses de expediente administrativo iniciado después de que el Consistorio tuviera conocimiento de la apertura del recurso el pasado mes de marzo. Según la resolución municipal, el inmueble tiene como uso principal el de residencial unifamiliar y cualquier actividad asistencial de este tipo requiere una autorización expresa previa, además de la correspondiente declaración responsable, documentación que, según el Ayuntamiento, no ha sido presentada.

 

El Gobierno municipal sostiene que la actividad desarrollada en el inmueble "no cumple con la normativa municipal" y rechaza las alegaciones presentadas por Nuevo Hogar Betania, entidad que defiende que la apertura del centro está amparada por un contrato con el Estado derivado de la declaración de emergencia del Gobierno y de un mandato del Tribunal Supremo.

 

Sin embargo, el Ayuntamiento considera que ninguna de esas circunstancias exime del cumplimiento de la legislación urbanística local. En la resolución administrativa se señala que "estas circunstancias no suponen, de ninguna manera, un marco jurídico excepcional que contenga una exención al cumplimiento de la ley y normativa municipal" y añade que la entidad "está obligada a acatar la ley y normativa municipal para ejecutar el contrato de servicios remunerado que tiene con el Estado".

 

El expediente también recoge la cronología de los hechos. El Consistorio afirma que el centro comenzó a funcionar el 31 de marzo sin que existiera contacto previo con los servicios técnicos municipales para comprobar la compatibilidad urbanística del uso. No fue hasta el 15 de abril cuando representantes de la entidad mantuvieron una reunión con responsables municipales, en la que, según el Ayuntamiento, se les informó de la necesidad de tramitar la declaración responsable y cumplir los requisitos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

 

El conflicto se remonta a comienzos de abril, cuando el Ayuntamiento denunció no haber recibido comunicación previa por parte del Gobierno de España sobre la apertura de este recurso financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por una entidad privada. Desde entonces, el Consistorio requirió en varias ocasiones la documentación necesaria para acreditar la compatibilidad del uso del inmueble.

 

Tras analizar el expediente, los servicios técnicos concluyeron que la parcela admite el uso residencial unifamiliar y determinados usos residenciales especiales, como pequeñas residencias o centros de acogida, siempre que cuenten con la autorización municipal correspondiente, un requisito que, según el Ayuntamiento, no se ha cumplido hasta la fecha.

 

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha respaldado públicamente la decisión y ha insistido en que el centro "se abrió sin información, tratando a los menores como mercancía y vulnerando la normativa municipal". El regidor ha defendido que la actuación del Ayuntamiento responde exclusivamente al cumplimiento de la legalidad urbanística.

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