
El abogado del exalcalde sostiene que no existen pruebas que acrediten su intervención en adjudicaciones municipales y critica la acusación formulada contra su cliente.
La defensa del exalcalde de Valdemoro y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha solicitado su absolución en el juicio de la trama Púnica al considerar que no existen pruebas que demuestren su participación en las supuestas irregularidades investigadas. El abogado Javier Vasallo ha asegurado durante su informe final ante la Audiencia Nacional que su cliente se ha convertido en el principal objetivo de la causa y ha rechazado que ejerciera influencia sobre las adjudicaciones analizadas.
El procedimiento, que se reanudó este miércoles, juzga a Granados y a otros trece acusados por presuntas irregularidades en la contratación de espectáculos y eventos festivos entre 2004 y 2013 a través de la empresa Waiter Music. La Fiscalía solicita para el exconsejero tres años de prisión por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación pública. Durante su intervención, Vasallo calificó de “absurdo” presentar a Granados como una figura con capacidad para intervenir en cualquier decisión de la Comunidad de Madrid. “Todo lo que era Púnica era Granados”, afirmó el letrado, quien cuestionó la solidez de las acusaciones formuladas contra su representado.
Una parte relevante de su alegato se centró en Valdemoro. El abogado recordó que, según las declaraciones prestadas durante el juicio, los testigos coincidieron en que Granados dejó de intervenir en los asuntos municipales tras abandonar la Alcaldía en 2003. Por ello, defendió que no pudo influir en las adjudicaciones posteriores relacionadas con José Luis Huerta, propietario de Waiter Music y amigo personal del exregidor.
Vasallo también agradeció a la Fiscalía haber retirado la acusación contra Granados en relación con las contrataciones investigadas en Ciempozuelos, aunque sostuvo que debería haber adoptado la misma decisión respecto a Valdemoro. La defensa criticó además la duración de la prisión provisional que cumplió el exconsejero, cerca de tres años, y afirmó que las acusaciones han carecido de rigor desde el inicio de la investigación. “Todo valía contra él porque había que justificar los dos años y nueve meses que estuvo en prisión provisional”, manifestó.
Otro de los aspectos abordados durante el informe final fue la subvención concedida en 2007 para la organización del concierto Night of the Proms en el Palacio de los Deportes de Madrid. Según la acusación, Granados habría influido para favorecer a Huerta mediante ayudas públicas y un convenio de patrocinio suscrito por la Fundación Arpegio. Sin embargo, la defensa sostuvo que esas decisiones correspondían a otros departamentos de la Comunidad de Madrid y negó cualquier intervención del exconsejero. Asimismo, rechazó que se haya demostrado que Huerta financiara fiestas privadas de Granados o que ambos acordaran cargar a contratos públicos gastos relacionados con actos del Partido Popular.
El juicio continúa en la Audiencia Nacional con la exposición de los informes finales de las defensas antes de que el tribunal quede pendiente de dictar sentencia sobre una de las piezas de la trama Púnica vinculada a contrataciones municipales y eventos públicos en varios municipios madrileños, entre ellos Valdemoro.















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