La Audiencia Nacional celebró ayer una nueva sesión.
La Fiscalía ha señalado en su informe final del juicio del caso Púnica que el exconsejero madrileño Francisco Granados habría utilizado su influencia política para inducir adjudicaciones públicas irregulares en favor de la trama investigada, también en contratos vinculados a su etapa como alcalde de Valdemoro.
El procedimiento se ha reanudado este miércoles en la Audiencia Nacional, donde se juzga a Granados y a otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del Partido Popular de distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Todos ellos están acusados de contratación irregular de actos de fiestas locales entre los años 2004 y 2013 a través de la empresa Waiter Music.
Según el informe del Ministerio Público, el empresario José Luis Huerta, propietario de la citada mercantil ya fallecido, mantenía una relación de amistad con Granados desde la etapa en la que este fue alcalde de Valdemoro. La Fiscalía sostiene que esa vinculación habría sido clave en la presunta adjudicación de contratos públicos.
La acusación pública ha solicitado tres años de prisión para el exconsejero por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación pública. Además, considera acreditado que gastos vinculados a eventos del Partido Popular y a particulares habrían sido cargados a fondos municipales bajo la apariencia de partidas destinadas a fiestas locales.
El Ministerio Fiscal también ha apuntado a la supuesta intervención de Granados en la Consejería de Cultura para la firma, el 15 de febrero de 2007, de un contrato con Waiter Music por valor de 225.000 euros destinado al concierto “Night of the Proms”, celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid con artistas internacionales como Mike Oldfield. Según la acusación, ante las dificultades económicas del evento, se habría impulsado posteriormente una subvención a través de la Fundación Arpegio por valor de 139.200 euros, tras la intervención del propio Granados, que en ese momento presidía el organismo dependiente de la Comunidad de Madrid.
La fiscal ha sostenido que la actuación del exconsejero no fue la de un cargo más dentro del Ejecutivo regional, sino la de una figura con “enorme peso” político como secretario general del PP de Madrid y responsable de la Consejería de Presidencia, lo que, según su informe, le otorgaba ascendencia sobre otros cargos públicos. En relación con Valdemoro, la Fiscalía ha reiterado que la influencia del exalcalde se habría extendido a la adjudicación de actos de fiestas municipales, integrados en la presunta operativa de la trama.
Las acusaciones personadas en la causa han solicitado una sentencia condenatoria y el reintegro de las cantidades presuntamente desviadas a la Comunidad de Madrid. Tanto la acusación autonómica como la ejercida por el PSOE y la asociación ADADE han coincidido en subrayar el papel de Granados como figura clave dentro del entramado político de la época.
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