¿A qué esperan?

¿Se imaginan que la calle en la que se asienta su casa se hunda poco a poco? ¿No poder cerrar la puerta de su casa porque es imposible que encaje ante el desnivel, que se agrieten sus paredes o que haya patios que directamente se hundan? Pues esta es la realidad que desde hace una década los vecinos del barrio de El Prado sin que desde el Ayuntamiento de Pinto les hayan ofrecido solución alguna.

No ha habido un color político que no haya conocido esta insólita situación y haya decidido mirar hacia otro lado. Sin respaldo de informe sobre el terreno alguno que corrobore su versión, la única respuesta de corrillo que reciben los vecinos es que el hundimiento del suelo es culpa suya porque hubo quien realizó obras en sus casas a espaldas del Consistorio. Es, sin duda, una posibilidad, pero de ninguna manera explica por qué se permite desde las instituciones que agrave un problema que podría tener consecuencias catastróficas.

Los vecinos creen que el responsable de lo que está sucediendo es el responsable del Canal de Isabel II, que en unas obras de saneamiento sustituyó una gran piedra que había en la zona por sedimento. Especulan con que el agua está arrastrando toda la arena del suelo del barrio de El Prado, una teoría tan buena como cualquier otra hasta que no haya un pronunciamiento oficial.

La situación recuerda a la que vivieron en 2016 los vecinos de las calles Amapola y Palomero de Ciempozuelos. Las viviendas tuvieron que ser desalojadas por riesgo de derrumbe y acabaron siendo declaradas en ruinas como consecuencia de las pérdidas de agua de la red pública de saneamiento por la avería de un colector del Canal de Isabel II que no se arregló a tiempo. Como en Pinto, los vecinos notificaron por registro un año antes al Ayuntamiento su preocupación por las grietas que se estaban produciendo en la fachada de los edificios y, al igual que aquí, la respuesta es que instalaran testigos para ver la evolución de las hendiduras.

Lo que siguió fue un despropósito tras otro. La administración local les dio una irrisoria ayuda de alquiler de 350 euros únicamente durante un año y tardó casi tres en pagar los más de 100.000 euros que les adeudaba con indemnización. Mientras tanto, eso sí, el Ayuntamiento de Ciempozuelos les seguía pasando los recibos del IBI y de la tasa de basuras. Fue posiblemente la mayor mancha en el expediente del gobierno de Ahora Ciempozuelos, al que las urnas mandaron en las siguientes elecciones a la oposición.

Este vergonzoso y cercano capítulo es solo un recordatorio de las consecuencias que la desidia institucional puede acarrear. Que tome nota quien corresponda.