La Fiscalía reduce la petición de cárcel para Francisco Granados por el caso Púnica

La Fiscalía ha mantenido su petición de cuatro años y diez meses de prisión para el exalcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, y de dos años y ocho meses para el también exregidor de la localidad, José Miguel Moreno, en el marco del juicio del caso Púnica, que investiga una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos en fiestas municipales. Sin embargo, ha rebajado su petición de pena para el también exregidor valdemoreño Francisco Granados de seis a tres años de prisión tras retirar parte de la acusación relacionada con el Ayuntamiento de Ciempozuelos.

No obstante, mantiene que Granados habría utilizado su posición de poder dentro del Gobierno regional y del Partido Popular madrileño, donde llegó a ser secretario general, para influir en decisiones de contratación tanto en ayuntamientos como en la propia administración autonómica. Durante la vista de ayer, 4 de junio, la Fiscalía ha defendido que esta posición de influencia se habría ejercido especialmente sobre los sucesores de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro, con el objetivo de dirigir contratos de fiestas locales hacia la empresa investigada.

En su declaración, Francisco Granados ha negado haber ejercido cualquier tipo de presión o influencia sobre otros cargos públicos y ha rechazado haber dado instrucciones para favorecer a la empresa investigada. El exconsejero ha insistido en que no ocupaba una posición de dominio dentro del Gobierno regional y ha señalado a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como la principal responsable política en aquella etapa.

Además de los dos exalcaldes de Valdemoro, el Ministerio Público mantiene penas de hasta cuatro años y diez meses de prisión para otros exregidores como María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos, y sus homólogos de Móstoles o Moraleja de Enmedio, así como para exjefes de gabinete, concejales y técnicos municipales implicados en la gestión de estos contratos. Las defensas han solicitado la absolución de todos los acusados o, de forma alternativa, la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas. En uno de los casos, el de un exconcejal de Moraleja de Enmedio, se ha pedido además una reducción de la pena por confesión tardía.