Ciempozuelos se queda sin piscina de verano

Los vecinos de Ciempozuelos no podrán disfrutar, al menos por el momento, de la piscina municipal de verano, que debería haber abierto hoy sus puertas. La empresa encargada de las instalaciones y con la que el Gobierno mantiene un enfrentamiento abierto, Neo, ha informado que “por seguridad y por responsabilidad, la piscina de verano permanecerá cerrada”. De momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto.

El pasado 18 de mayo, la corporación acordó en un pleno extraordinario el inicio de la resolución del contrato del complejo deportivo de las piscinas de Ciempozuelos. La decisión salió adelante con los votos favorables del Gobierno del PSOE, PP y Más Madrid y con la abstención de Vox en una sesión en la que no estuvo presente CPCI.

A pesar de ello, los populares criticaron “improvisación” y la “falta de planificación” en la adjudicación por haberse producido “con urgencia y sin exigir un plan de calidad ni una memoria seria”. Vox coincidió en que “esto venía de bachecitos en bachecitos hasta llegar a este punto” y en Más Madrid pidieron elaborar un informe económico que determine si es posible municipalizar el servicio.

Desde el Gobierno defendieron que la resolución es “necesaria y obligada” por un “incumplimiento sistemático del contrato”. Acusaron a la empresa de actuar con “mala fe contractual” y recordaron que renunció al canon de 60.000 euros propuesto en la licitación, por el que consideran que los problemas no responden a errores municipales sino a una mala ejecución del contrato por parte de la adjudicataria.

Mientras tanto, la empresa sigue aferrándose a la vía judicial para conseguir sus demandas. La alcaldesa, Raquel Jimeno, ha asegurado que Neo ha presentado una querella contra ocho técnicos del Ayuntamiento —entre ellos interventor, secretario, tesorero y arquitectos municipales—, así como contra ella misma. La regidora acusó a la empresa de querer “amedrentar” al Gobierno, pero garantizó que seguirá “defendiendo el dinero de todos los vecinos y el interés público”.

Neo, sin embargo, acusa al Ejecutivo de “mentir y manipular los hechos”. Además de recordar que se admitieron las medidas cautelares solicitadas para no acometer las obras requeridas por el Consistorio y que iban a ser sufragas con fondos municipales, ha asegurado que el Gobierno ocultó esos desperfectos durante la licitación del contrato. También sostiene que ha presentado más de 50 escritos sin respuesta y que, a pesar de las críticas ha actuado para mantener el servicio operativo pese a deficiencias estructurales del edificio que, defiende, son responsabilidad municipal.