El Ayuntamiento de Pinto aprueba un plan económico-financiero para corregir un desfase de 13 millones de euros

En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Pinto correspondiente al mes de mayo celebrado ayer, la corporación dio luz verde a un plan económico-financiero para los años 2026 y 2027 para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto establecidos por el Gobierno de España. El balance de las cuentas de 2025 ha arrojado un desfase de 12.646.233 euros de los 10.721.049 euros corresponden al Consistorio y los otros 1.389.769 a Aserpinto. A pesar de ello, el Ejecutivo espera reconducir la situación a lo largo del próximo año sin implementar ninguna medida extraordinaria.

El concejal de Hacienda, Mario Gutiérrez, defendió durante la sesión que los planes económicos-financieros son “una herramienta normal y habitual que utilizan ayuntamientos de todos los colores políticos”. El desajuste, explicó, se debe a los 11.133.498,29 euros empleados en inversiones a través de los fondos europeos como las obras de accesibilidad del Plan Centro, Pinto en Verde, el Plan Municipal de Rehabilitación de Barrios o el puente de la calle Isaac Albéniz, así como a la municipalización del servicio de jardinería a través de Aserpinto. “No es sinónimo de mala gestión, sino de una inversión real que se ha llevado a cabo bajando además el IBI a nuestros vecinos”.

Desde el Gobierno recalcaron que para llevar a cabo el plan “no es necesario contemplar escenarios alternativos a los actuales” gracias a los ingresos previstos por la tasa de basuras y el cobro a las aseguradoras de la cuota que el Ayuntamiento de Pinto paga a la Comunidad de Madrid por la prestación del servicio de incendios. La propuesta solo recibió el visto bueno de Vox, para el que el plan es “una medida preventiva de obligado cumplimiento” que garantiza la prestación de todos los servicios municipales. De hecho, para su portavoz, Miguel Maldonado, la situación demuestra que existe una “desviación, sobrecostes y una gestión que está muy lejos de lo que los vecinos de Pinto merecen y necesitan”.

En este sentido, el concejal socialista Federico Sánchez acusó al concejal de Hacienda de estar “más pendiente de los toros y de hacer vídeos que de los presupuestos”, e incluso pidió la dimisión del concejal de Aserpinto, Fernando González, por la “ausencia de control” en la empresa pública. El portavoz de Pinto Avanza y socio del Partido Popular en el Gobierno restó peso a sus críticas porque se trata de “una situación meramente coyuntural”, por lo que vaticinó que “pasará el tiempo y se volverán a estrellar”.

Para los partidos de izquierda, sin embargo, el hecho de que el plan se sustente en los ingresos de la tasa de basuras podría llegar a resultar un problema. El portavoz de Unidas Pinto-Podemos, Carlos Gutiérrez, aseguró que “está basado en medidas económicas muy débiles que pueden traer consecuencias catastróficas”. En su opinión, la poca seguridad jurídica que en estos momentos ofrece la tasa de basuras podría llevar al Gobierno de España a rechazar la propuesta e imponer un plan de ajuste que sí supondría el recorte de servicios.

Para Más Madrid, la situación ya tendría impacto en el Ayuntamiento de Pinto. El partido presentó una moción en la misma sesión para volver a incluir las ocho casas que se iban a destinar a médicos al parque municipal de viviendas sociales. Según su portavoz, Elena Ancos, el procedimiento ha quedado paralizado porque la administración local solo puede asumir competencias impropias si cumplen con las reglas de estabilidad presupuestaria. “Las 106 familias que había en lista de espera para una vivienda social en Pinto, las que han sobrevenido desde entonces y todas las que han quedado fuera del Plan Vive necesitan urgentemente una vivienda”, apuntó.

Aunque PSOE y Unidas Pinto-Podemos apoyaron el punto, este no salió adelante por el rechazo de PP, Pinto Avanza y Vox. El concejal de Administración General, Juan Guillermo Padilla, aseguró que “hay municipios con situaciones también coyunturales a los que sí se les está concediendo la posibilidad de prestar competencias impropias, y eso es algo que ya están valorando los técnicos municipales”.