Edificio de la Cañada Real Vertical.El municipio arrastra desde hace más de una década conflictos en varios complejos residenciales ocupados.
La okupación de grandes promociones inmobiliarias se ha consolidado como uno de los principales focos de preocupación en Parla. El caso más significativo se localiza en la calle Toledo número 15, donde el conocido como Cañada Real Vertical continúa acumulando conflictos desde hace más de diez años. Se trata de un complejo formado por 276 apartamentos y 621 plazas de garaje que, según la información disponible, permanece ocupado prácticamente desde su construcción. La promoción se levantó sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Parla a la promotora Unifo, empresa que terminó entrando en concurso de acreedores antes de completar la venta de las viviendas.
Actualmente, el inmueble ha vuelto a salir a subasta tras varios intentos fallidos de comercialización. El precio de salida, que en un primer momento superaba los 11,5 millones de euros, se ha reducido casi a la mitad ante las dificultades para encontrar compradores dispuestos a asumir la situación del edificio. La Cañada Real Vertical se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo de los problemas urbanísticos y sociales del municipio. Incluso ha sido utilizada como escenario en producciones audiovisuales centradas en la exclusión social y los desahucios.
Sin embargo, no es el único punto conflictivo en la ciudad. En la calle Fuenlabrada número 75, otro conjunto residencial de 170 viviendas también estuvo afectado por una okupación masiva. En este caso, los inmuebles pertenecieron inicialmente a Solvia Properties, vinculada al Banco Sabadell, hasta su posterior venta al fondo Better World Levante. Fuentes municipales señalan que en este complejo se ha logrado regularizar la situación de numerosas familias vulnerables y que en la actualidad los residentes abonan alquileres y suministros con normalidad.
Otro de los focos más problemáticos se sitúa en la calle Fuente Arenosa número 1, donde una promoción propiedad de la Sareb con cerca de 300 viviendas permanece ocupada. Vecinos y cuerpos de seguridad han alertado durante años de la existencia de problemas relacionados con el tráfico de drogas, robos y presencia de bandas juveniles violentas.
La dimensión de esta situación llevó al actual delegado del Gobierno en Madrid a impulsar un plan especial de seguridad para Parla, que incluyó cambios en la cúpula policial y el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional. Pese a ello, sindicatos policiales consideran insuficientes las medidas, mientras que las autoridades defienden que ya se ha producido una mejora parcial en algunos indicadores de criminalidad.
El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando la fundación Toda Ayuda asumió la gestión de varias promociones mediante un derecho de superficie autorizado por el Ayuntamiento. Un año después, durante el mandato del entonces alcalde José María Fraile, el consistorio aprobó asumir el coste de la electricidad de algunos residentes, una medida que posteriormente fue anulada tras un informe contrario del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
















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