El enfoque

El debate sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados ha llegado a Pinto. La apertura de una vivienda para acoger a una decena de estos jóvenes de protección internacional, una condición que se concede exclusivamente a personas que huyen de su país por persecución o riesgo grave, ha desencadenado una escalada de declaraciones, reproches institucionales e incluso episodios de vandalismo de tinte racista. Lo que debería haberse gestionado como una cuestión administrativa y social ha derivado en un conflicto en el que los menores han pasado a ser un mero argumento electoral.

Este fenómeno no es nuevo. En plena regulación extraordinaria de inmigrantes, España lleva años debatiendo sobre la llegada de menores migrantes, especialmente en territorios como Canarias o Ceuta donde los sistemas de acogida se encuentran completamente colapsados. De hecho, en 2025 el Tribunal Supremo obligó al Estado a hacerse cargo de cerca de un millar de estos jóvenes en situaciones especialmente vulnerables, subrayando que mantenerlos en condiciones precarias resultaba “gravemente perjudicial”. Su distribución responde, por tanto, a una exigencia legal y humanitaria, pero las condiciones del reparto entre las distintas comunidades autónomas no han estado tampoco exentas de polémica.

En Pinto, la controversia ha crecido alimentada por varios factores. El primero, la falta de comunicación previa con el Gobierno local quien ha planteado sus dudas sobre la adecuación urbanística del inmueble. Pero, sobre todo, por la utilización del asunto en el debate político con declaraciones pasadas de tono y partidos como Vox para los que estas cuestiones son el caldo de cultivo perfecto para sembrar su mensaje de odio al inmigrante. Su planteamiento no solo simplifica una realidad compleja, sino que genera una alarma social sin aportar hechos concretos.

La cuestión de fondo no es discutir si un recurso cumple o no con la normativa. Debe hacerlo y el Gobierno de España, además, tendría que haber contado con la administración local para llevar a cabo su implantación. Lo contrario, pone en peligro la estabilidad de los menores y sirve como gasolina a los grupos que quieren convertir esa discusión en un instrumento de desgaste político a través del que se señalan, estigmatizan o incluso identifican físicamente los espacios donde residen menores. Más que proteger la convivencia de un barrio en el que no ha habido un solo incidente protagonizado por estos jóvenes y con el que más de uno se frotaría las manos, se trata de salvaguardar los derechos fundamentales de un colectivo que, por definición, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

Y todavía no se ha escrito el último capítulo de toda esta polémica. La entidad deberá acreditar que tiene todos los papeles en regla en las próximas semanas o, de lo contrario, el Ayuntamiento de Pinto tramitará el fin de sus actividades. Sería de agradecer que a partir ahora todas las partes colaboren en lugar de echarse los trastos a la cabeza para poner en el centro del debate lo que de verdad importa, los menores.