Se debatieron dos mociones: una para reprobar las palabras del alcalde del PP y de Vox, y otra para pedir más información sobre las actividades del centro.
Sigue corriendo la cuenta atrás que puso en marcha el Gobierno de Pinto para que la asociación que gestiona una vivienda privada en la que reside una decena de menores no acompañados presente la documentación que acredita el uso del inmueble como centro de acogida. Una polémica que fue objeto de debate en el pleno ordinario del mes de abril celebrado el pasado jueves.
El PSOE, cuyos concejales acudieron a la sesión luciendo camisetas negras con citas de la Biblia, presentó una moción para reprobar a Salomón Aguado y Vox por sus declaraciones, alegando además que el Gobierno “está disfrazando de trámite administrativo lo que en realidad es un acto de racismo puro”. Unidas Pinto-Podemos coincidió en que Pinto Avanza debería romper el acuerdo de gobierno y el alcalde dimitir por “crear un problema innecesario por un puñado de votos”. Y Más Madrid, por su parte, achacó al Ejecutivo actuar de una manera “totalmente irresponsable” y obviar que “el interés del menor es superior a cualquier permiso y ordenanza”.
Pero no parece que vaya a producirse ruptura alguna. El portavoz de Pinto Avanza, Fernando González, defendió que “el alcalde de Pinto no es racista”, así como que el Gobierno ha actuado en todo momento “en defensa de los menores adoptando medidas orientadas a protegerlos con el mismo respeto e integridad que merecemos todos”. En este sentido, el concejal de Administración General, Juan Guillermo Padilla, valoró que quien realmente genera alarma social es quien “instala un centro sin licencia que le de amparo legal y sin comunicárselo al Ayuntamiento de Pinto para procurar las medidas de carácter social que sean necesarias”.
La moción de los socialistas no salió adelante, pero sí la que presentó Vox para saber si el centro cumple con la normativa urbanística y conocer el número de menores que pretende acoger la asociación. PP y Pinto Avanza dieron su visto bueno a la propuesta del partido, que acusó a la izquierda de llevar a cabo una campaña de “odio y señalamiento hacia Vox y todos los vecinos que han mostrado sus legítimas dudas y rechazo porque están hartos de ver cómo en municipios que acogen estos centros no paran de aumentar las violaciones, robos y un largo etcétera”.
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