Sin consenso para defender a PIMER-Protección Civil de Pinto

El Ayuntamiento de Pinto recurrirá la sentencia judicial que ha decretado el “cese inmediato” de las labores de emergencia y rescate de PIMER-Protección Civil, aunque ni siquiera en la corporación municipal hay un consenso sobre el futuro del servicio. En las últimas semanas se han abierto uno y mil frentes que dejan en el aire el futuro del servicio, que podrá seguir prestando con normalidad sus servicios sanitarios.

Todo a raíz de una moción presentada por los dos partidos del Gobierno, Partido Popular y Pinto Avanza, para mostrar el respaldo por parte del Consistorio al conjunto de los trabajadores y apoyar la apelación de la sentencia. El punto se presentó en el pleno de abril celebrado el pasado día 29, coincidiendo con una noticia de El País titulada ‘La insólita postura del alcalde de Pinto, del PP, enfrentado al Gobierno de Ayuso en su defensa de un cuerpo local de “bomberos low cost”’.

La noticia sacó a la luz unos correos electrónicos del actual alcalde, Salomón Aguado, enviados el 23 de diciembre de 2021 a Justo Fernández, líder de Somos Pinto. Con los populares en la oposición y el PSOE en el Gobierno local, Aguado envió los informes desfavorables que realizaron el secretario y la interventora municipal en febrero de 2019 contra la compra de una ambulancia para PIMER. Y lo hizo acompañado de un polémico mensaje: “Que tengas una Feliz Navidad y un próspero procedimiento judicial”.

Fuentes municipales señalan que el comentario no es más que un “chascarrillo de portería” como parte de una broma ya que “solía decirle que esa causa no iba a prosperar”. Asimismo, consideran que no es una filtración porque se trata de documentos públicos que pueden conseguirse mediante una solicitud de transparencia. Y, en cualquier caso, recuerdan que la sentencia contra PIMER no alude en ningún momento a esos informes.

Debate

Una visión que ni mucho menos comparten los partidos de izquierda. Los tres grupos han mostrado su apoyo a PIMER-Protección Civil, pero consideran que, a tenor de la sentencia, el servicio debe modificarse y realizar únicamente intervenciones sanitaras. “Los servicios deben convivir en armonía y cada uno con sus funciones”, defendió en pleno el portavoz de Unidas Pinto-Podemos, Carlos Gutiérrez. En este sentido, desde Más Madrid consideran que la postura del Ayuntamiento de Pinto debe pasar por reclamar la creación de un parque de bomberos en la ciudad.

Los dardos en esta ocasión apuntaron directamente al alcalde. “Qué mal le ha salido la jugada, se intentó cargar al alcalde socialista y ahora le ha rebotado en usted”, valoró el portavoz del PSOE, Diego. Su homóloga de Más Madrid, Elena Ancos, afeó al regidor “decir una cosa cuando están en la oposición y otra en el gobierno” e incluso aseguró que se habían cometido actos con consecuencias penales.

En el Partido Popular también tiraron de hemeroteca para defenderse. El concejal de Administración General, Juan Guillermo Padilla, recordó las declaraciones de Ancos en las que esgrimió que “este servicio en Pinto ha supuesto un gasto innecesario y desproporcionado para los pinteños”. También las de Diego Ortiz cuando, siendo alcalde, calificó a PIMER-Protección Civil como “un monstruo” durante un mandato en el que se llegaron a retirar temporalmente las competencias no sanitarias del servicio y hubo denuncias por acoso laboral.

El portavoz de Pinto Avanza, Fernando González, achacó a la izquierda cómo “en vez de defender este servicio público, lo único que hacen es meter dedo en el ojo a ver si rascan cuatro votos”. Una línea parecida a la de su homólogo de Vox, Miguel Maldonado, que les acusó de “mostrar un apoyo desmedido por rédito electoral y luego arremeter contra esos mismos a los que alababan”. Precisamente, su voto fue fundamental para que saliese adelante el punto.

Recurso

Desde Vox defendieron que “los servicios de emergencia no compiten, se complementan”. El alcalde, Salomón Aguado, también utilizó su intervención para defender la necesidad de defender un modelo “que salva vidas con entre 1.600 y 1.800 intervenciones anuales”. Es por ello que el Ayuntamiento de Pinto recurrirá la sentencia, aunque para ello tenga que contratar a un equipo jurídico ad hoc.

La letrada del Ayuntamiento de Pinto dice que no tiene argumentación jurídica adicional a lo ya expuesto en primera instancia con la que pueda rebatir la sentencia, por lo que el Gobierno contratará un bufete externo a través de un contrato menor. El sindicato CSIT del Cuerpo de Bomberos dice que, “según fuentes de la propia corporación” -es decir, basándose en una nueva ‘filtración’ de la oposición-, lo hará con informes desfavorables de Intervención y Contratación, pero desde el Ejecutivo niegan este hecho.

En cualquier caso, el sindicato ha anunciado que acudirá a la vía penal dado que “ha quedado patente que los responsables políticos no asumen la sentencia y piensan seguir adelante con esta situación que abre una brecha evidente con el Gobierno regional”.