El fallecido José Luis Huerta aseguró que organizó sin cobrar las fiestas de Valdemoro “por miedo”

La reanudación del juicio del caso Púnica en la Audiencia Nacional ha vuelto a situar a Valdemoro en el centro de la investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de contratos para fiestas locales. La vista ha recuperado la declaración del empresario José Luis Huerta, quien aseguró ante el juez que organizó actos para el Partido Popular sin cobrar “por miedo” a perder contratos en ayuntamientos gobernados por esta formación.

Huerta, propietario de la empresa Waiter Music y fallecido posteriormente, explicó en 2018 que comenzó a trabajar en las fiestas de Valdemoro de la mano del entonces alcalde Francisco Granados. Según relató, incluso después de ser nombrado consejero en 2003, Granados mantenía una fuerte influencia en el Ayuntamiento. “Cuando él iba muchos concejales decían ‘ha llegado el jefe’”, afirmó.

El empresario detalló que, con el paso de los años, distintos consistorios fueron acumulando deudas con su empresa. En el caso del PP, cifró entre 50.000 y 60.000 euros lo que se le adeudaba por la organización de mítines y eventos. “Tenía miedo porque me debían mucho dinero”, justificó al explicar por qué no reclamó judicialmente esas cantidades.

Además, señaló que algunos de esos trabajos vinculados al partido habrían sido sufragados con fondos municipales. Según su testimonio, llegó a advertir que dejaría de organizar las fiestas si no cobraba, aunque la respuesta que recibía era siempre la misma: “Que no había dinero”, en referencia a las explicaciones que, según dijo, le trasladaba Granados.

La Fiscalía sostiene que entre 2004 y 2013 se produjo una adjudicación irregular de contratos a Waiter Music en varios municipios, con Valdemoro como uno de los epicentros de la trama. Por estos hechos, solicita seis años de prisión para Granados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

En el procedimiento también está implicado el que fuera alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía al inicio del juicio a cambio de reconocer los hechos y ver reducida su pena. Asimismo, figura como acusado su sucesor, José Carlos Boza, junto a otros exregidores y cargos públicos de la región.