La inflación

Aquí, las guerras de hoy tienen por rostro la inflación y el empobrecimiento.

¿Pueden hacer algo las distintas administraciones para evitar ese empeoramiento de las condiciones de vida de la gente o al menos mitigarlo?

En el reino hay tres niveles administrativos. El Estado, las comunidades autónomas y los municipios. El primero ha demostrado con sus dos decretos (uno sobre energía y carburantes y otro, sobre alquileres) que puede hacer y hace. Por su parte, el municipal debería, en buena lid, tomar alguna medida dada su cercanía y profundo conocimiento del territorio. Ahora bien, salvo en el caso de las grandes ciudades, su escaso presupuesto y el pequeño tamaño de la institución nos invitan a pensar que no es posible.

¿Puede poner en marcha alguna iniciativa la comunidad autónoma? Su capacidad financiera es notable: 50% de la recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA, el 100% del impuesto sobre la electricidad, el 58% sobre los del alcohol, tabaco e hidrocarburos y el 100% del impuesto de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y Transmisiones patrimoniales. Respecto a sus competencias, las tiene en vivienda, suelo, urbanismo, sanidad, educación, políticas sociales y becas.

Madrid es rica y urbana. Resulta lógico, pues, que tome medidas para proteger a su ciudadanía. Por ejemplo, aprovechar sus capacidades sobre el impuesto eléctrico o de los hidrocarburos o usar su competencia legal en vivienda y políticas sociales. El campo de actuación resulta potencialmente enorme.

El pleno del Ayuntamiento de Ciempozuelos aprobó en marzo, a propuesta de Más Madrid, una moción a favor de la paz y de que la Comunidad de Madrid adopte acciones para proteger a las familias ante la actual difícil situación. Lamentablemente, el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Los ciudadanos nos encontramos ante una administración pobre, la municipal, que conoce bien lo que ocurre pero que no posee medios para actuar y, del otro, una Comunidad rica que hasta ahora ha decidido no hacer nada. Defender los derechos de todos y su nivel de vida nos exige salir de un atolladero que empobrece a la mayoría, mientras hace más ricos a los que ya lo son. El medio para ello es político: preparar, junto a los ayuntamientos y con recursos suficientes, un plan autonómico integral frente a los efectos de esta guerra tanto en la gasolinera como en la cesta de la compra, las hipotecas y los alquileres. La utilidad de la política pasa convertir la Administración en un terreno de solución, no de problemas.