El centro penitenciario madrileño figura entre los cinco con más dispositivos intervenidos, en un problema creciente para la seguridad interna
La prisión de Valdemoro se sitúa entre las que más teléfonos móviles ha intervenido en los últimos años en España, según datos del sindicato Acaip y confirmados por el Ministerio del Interior. En total, este centro penitenciario acumula 646 dispositivos incautados desde 2021, una cifra que lo coloca entre los cinco con mayor volumen de decomisos del país. El centro aparece en este ranking junto a otras prisiones con elevados niveles de incautaciones, como las de Almería, Málaga o Albolote.
El uso de estos aparatos, prohibido en las cárceles, se ha convertido en un problema de seguridad creciente. Solo en 2025 se intervinieron 2.466 móviles en prisiones españolas, lo que supone una media cercana a siete al día. Desde Acaip advierten de que estos dispositivos “permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles”.
La introducción de estos teléfonos se realiza por múltiples vías. Según explican fuentes penitenciarias, algunos son introducidos durante las comunicaciones familiares o en permisos, ocultos en objetos cotidianos e incluso en el propio cuerpo. En los últimos tiempos, además, se ha detectado un aumento del uso de drones para lanzar móviles y pequeñas cantidades de droga al interior de los recintos, una práctica que dificulta su control.
La mayoría de los dispositivos incautados son de pequeño tamaño, diseñados para pasar desapercibidos, aunque cada vez son más frecuentes los smartphones con acceso a internet, más valorados entre los internos por sus posibilidades de comunicación. La posesión de estos teléfonos está considerada una infracción grave y conlleva sanciones que pueden ir desde la limitación de salidas al patio hasta el cambio de módulo, además de afectar negativamente a futuros permisos penitenciarios.
Desde el sindicato denuncian que, pese al esfuerzo de los funcionarios —que realizan requisas y controles constantes—, los medios actuales resultan insuficientes. En este sentido, señalan que los inhibidores de frecuencia instalados en las cárceles han quedado desfasados y no se adaptan a las nuevas tecnologías, lo que complica frenar el uso de estos dispositivos dentro de los centros penitenciarios.
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