La exsecretaria de Granados niega haber destruido documentos en Valdemoro

La que fuera secretaria de Francisco Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro ha negado ante la Audiencia Nacional haber ordenado o participado en la destrucción de documentos en el archivo municipal tras el registro de la Guardia Civil en octubre de 2014, en el marco de la operación Púnica. Durante su declaración como testigo en el juicio de la pieza centrada en los presuntos amaños de contratos de fiestas, Carmen Arcas fue tajante: “No he bajado nunca al archivo municipal. No era mi cometido. No destruí ningún archivo”. En la misma línea, insistió en que “nadie” le dio instrucciones para eliminar documentación.

Su testimonio contradice directamente el de la exarchivera municipal, quien aseguró en sede judicial que, un día después de la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en el Consistorio, se trituraron documentos por orden de la entonces secretaria de Granados. Arcas, que trabajó con el exdirigente del Partido Popular en Valdemoro entre 1999 y 2003 y posteriormente en la Comunidad de Madrid, defendió que nunca tuvo relación con el archivo municipal ni con la trabajadora responsable del mismo. “No tengo ninguna relación con la archivera”, afirmó.

Durante su intervención, también repasó su trayectoria profesional, que continuó en distintas consejerías del Gobierno regional antes de regresar años después al Ayuntamiento de Valdemoro, ya bajo la alcaldía de José Carlos Boza, donde desempeñó funciones en registro y atención al ciudadano. En relación con la presunta trama investigada, vinculada a la adjudicación de contratos de fiestas a la empresa Waiter Music, la testigo negó igualmente cualquier gestión irregular o trato de favor.

Aseguró no haber entregado regalos del empresario José Luis Huerta a Granados y subrayó que existían instrucciones claras de no aceptar obsequios: “Cuando llegaba alguno, se devolvía con una nota de agradecimiento”. Arcas también indicó que no recuerda la existencia de correos concretos relacionados con propuestas de conciertos, aunque reconoció que, en caso de recibir comunicaciones dirigidas a Granados, se las hacía llegar.

El juicio por esta pieza del caso Púnica se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de enero y analiza una supuesta trama de adjudicaciones irregulares en varios municipios madrileños. Entre los acusados se encuentra el propio Francisco Granados, para quien la Fiscalía solicita inicialmente seis años de prisión.