
El Ejecutivo ha recurrido ya en 66 ocasiones a este procedimiento.
La cascada de reclamaciones de asociaciones y empresas vinculadas con la Concejalía de Festejos era solo la punta del iceberg de las obligaciones que tenía pendiente el Ayuntamiento de Ciempozuelos. En el pleno de febrero, el Gobierno aprobó en solitario un total de 108.706 euros en reconocimientos extrajudiciales por servicios realizados en los que, según los técnicos municipales, “ha quedado constatado la omisión de fiscalización en la tramitación de las facturas relacionadas”.
Se trata de un recurso al que la administración puede acogerse de manera puntual. En el caso de Ciempozuelos, el Ejecutivo ha recurrido ya en 66 ocasiones a este procedimiento: solo en 2024 se emitieron 42 informes de “omisión de la función interventora”. En esta ocasión el dinero se ha destinado al pago de DJ, carrozas, pasacalles, transporte, gasoil o hasta estanterías de la biblioteca municipal.
Toda la oposición votó en contra del punto. Desde el PP apuntaron que “esta no es la mejor forma de gestionar los recursos públicos porque el retraso en los pagos puede poner en dificultades a los proveedores”. Mientras que Vox dijo que no secundaría las “graves irregularidades contables” del Gobierno, en CPCI se ciñeron a las palabras de los técnicos en las que afean su actuación. Más Madrid, por su parte, expuso que “no hay nada de excepcional en este procedimiento porque la mayoría de los gastos están asociados la fiestas”.
Frente a las críticas, la alcaldesa socialista, Raquel Jimeno, negó que se trate de un recurso habitual porque los reconocimientos extrajudiciales representaron “menos del 0,1%” de todas las facturas de 2025. La regidora defendió que su gobierno está realizando “una gestión impecable, salvo por algunas cuestiones como esta” que ha permitido que el Ayuntamiento de Ciempozuelos esté económicamente saneado. “Parece que eso les molesta”, achacó al resto de grupos.
















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