Nuevas declaraciones apuntan a Granados como uno de los principales responsables del caso Púnica

En la sesión de ayer jueves en el juicio en la Audiencia Nacional por el caso Púnica, el instructor de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro y exconsejero de la Comunidad de Madrid, se valió de su posición institucional y orgánica en el Partido Popular para ejercer una influencia determinante en la adjudicación irregular de contratos municipales.

Durante su declaración, el agente afirmó que el cargo de Granados como secretario general del PP de Madrid y consejero autonómico “le colocaba en una situación de privilegio sobre el resto de cargos públicos de la Comunidad de Madrid”. Según explicó, esa ascendencia política le permitía intervenir en distintos ayuntamientos, entre ellos Valdemoro, especialmente en la organización de actos festivos.

La causa juzga la supuesta contratación irregular de la empresa Waiter Music entre 2004 y 2013 para eventos municipales en varias localidades madrileñas. El agente sostuvo que la compañía, propiedad del empresario José Luis Huerta, obtuvo contratos de forma reiterada mediante “irregularidades” destinadas a impedir la concurrencia de otras empresas. “Granados desempeñaba un papel muy importante en la configuración de candidaturas electorales, lo que le otorgaba bastante ascendencia política sobre cualquier municipio”, declaró ante el tribunal.

El investigador relató además que Waiter Music organizó actos privados y electorales vinculados a Granados y otros acusados que, presuntamente, se pagaron con fondos públicos de ayuntamientos implicados en la trama. Para ello, añadió, se falsificaron o inflaron facturas correspondientes a supuestos servicios prestados en fiestas locales. “En ocasiones los funcionarios municipales advertían de la irregularidad de estos procedimientos y, aun así, se continuó con la tramitación vulnerando la ley de contratos públicos”, subrayó.

En la misma sesión, otro agente de la UCO aseguró que Granados presionó para que la Comunidad de Madrid financiara con más de 360.000 euros un concierto celebrado en marzo de 2007, con el fin de cubrir las pérdidas económicas del evento, organizado también por Waiter Music. El juicio continúa con la declaración de testigos en una causa que investiga uno de los mayores casos de corrupción política en la región.