Juego de malabares

Está claro que la polémica por la tasa de basuras ha venido para quedarse. A pesar de que, sobre el papel, debía entrar en vigor en 2025, ayuntamientos como el de Pinto apuraron tanto el pago que todavía hay buzones a los que no ha llegado el recibo. Los vecinos que sí han podido consultarlo se han encontrado un nuevo impuesto que, en el mejor de los casos, se aproxima a los 100 euros.

Aunque se trata de una coletilla que empieza a dar fatiga, conviene recordar el origen de la tasa de basuras. Todo parte de la Directiva 2018/851 de la Unión Europea aprobada por los dos grandes partidos españoles y cuyo fin es reducir la generación de residuos. En su punto 2, indica que los estados deberán establecer “sistemas de pago por generación de residuos que impongan tasas a los productores y proporcionen incentivos para la separación en origen y para la reducción de los residuos mezclados”.

El Gobierno de España formado por PSOE y Unidas Podemos, con la abstención del Partido Popular, transpuso esta directiva a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En ella se estableció la puesta en marcha de una tasa por generación de residuos, pero lanzando la pelota al tejado de la administración local. Son los ayuntamientos los que deben cobrar este impuesto de la manera que consideren.

Es por todo ello que resulta cuanto menos paradójica la hipocresía de los partidos políticos. La oposición -incluido un Unidas Pinto-Podemos que con su abstención permitió que saliese adelante la ordenanza actual- ha aprobado una moción del PSOE para que se paralice el cobro de la tasa de basuras en Pinto, a pesar de que no tiene carácter vinculante alguno. El PP se echa las manos a la cabeza, pero realiza la misma petición en el Ayuntamiento de Ciempozuelos donde gobiernan los socialistas. Puro malabarismo político a costa del cabreo general.

Porque lo cierto es que este es un impuesto injusto. Lo es porque la ciudadanía está asfixiada por una inflación que no deja de crecer mientras soporta una fuerte carga impositiva por la que no recibe unos servicios en consonancia. Y ahora tiene que abonar una tasa cuyo fin debería ser el de reducir residuos, pero que solo sirve para engrosar las arcas públicas. Ni en Pinto ni en ningún otro municipio existen medidas que realmente promuevan el reciclaje o consigan que se cumpla el principio de que ‘el que contamina paga’. Pero encima aquí se paga más que en el resto.

Resulta evidente que hay que replantear la ordenanza de la tasa de basuras. Lo propuso la oposición en el último pleno y lo anunció antes el Gobierno, que ha llegado a hablar de reducir los recibos en un 30% este mismo año. Ahora, las promesas han de materializarse.