Admitida a trámite una querella contra el alcalde de Parla por la expulsión del portavoz de Vox en un pleno

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Parla ha admitido a trámite una querella contra el alcalde, el socialista Ramón Jurado, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones, a raíz de la expulsión del portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique, durante un pleno municipal celebrado el pasado 9 de octubre. La magistrada instructora aprecia indicios que “hacen presumir la posible existencia de delitos” y ha acordado la apertura de diligencias previas.

Los hechos se produjeron durante una sesión plenaria en la que se debatía, entre otros asuntos, una moción para modificar el Plan General de Ordenación Urbana con el fin de crear una nueva zona verde. En el transcurso del pleno, desde la tribuna de invitados se exhibieron banderas de Palestina, una acción que Manrique pidió que se impidiera en aplicación del reglamento orgánico municipal, que prohíbe al público manifestarse o mostrar pancartas y banderas.

Según el relato recogido en la querella, el alcalde rechazó retirar las enseñas y defendió que este tipo de iniciativas se habían producido en otros parlamentos. Tras insistir en su reclamación y retirar por su cuenta una de las pancartas, el portavoz de Vox fue expulsado del salón de plenos por el regidor, que calificó su comportamiento de “agresivo”, lo que le impidió participar y votar en los puntos restantes del orden del día.

Manrique sostiene que la expulsión se produjo sin las llamadas al orden preceptivas y denuncia además haber sido objeto de insultos y amenazas por parte de asistentes al pleno. La presunta irregularidad fue posteriormente analizada por el secretario del pleno, cuyo informe jurídico concluyó que la decisión del alcalde “no se ajusta” a la normativa estatal ni al reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Parla.

En un auto fechado el 28 de enero, la jueza cita al portavoz de Vox a declarar el próximo 12 de febrero y señala que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa y coacciones.