
La corporación ha aprobado la nueva calificación jurídica de ocho viviendas municipales.
Una vez desestimadas las alegaciones presentadas, el Gobierno de Pinto ha aprobado con el apoyo de Vox la desafectación de las ocho viviendas de titularidad municipal que hasta ahora se destinaban a emergencia social. Era el último trámite antes de lanzar el proceso para adjudicar los pisos a médicos que quieran trabajar en los centros de salud de la ciudad.
La entrega se realizará mediante un concurso público y la figura jurídica del comodato, que es un tipo de contrato por el cual una persona física o jurídica entrega gratuitamente un bien no fungible durante un determinado tiempo con la obligación de devolverlo al finalizar dicho plazo. “Como alcalde es mi obligación buscar soluciones a los problemas de los vecinos de Pinto. No basta con manifestarse o ponerse detrás de una pancarta. Los vecinos quieren soluciones y desde el Ayuntamiento de Pinto ponemos en marcha algo que tendría que hacer el Gobierno de España”, ha declarado Salomón Aguado.
El trámite se completó en el pleno ordinario de enero, donde los partidos de izquierda volvieron a mostrar su rechazo a la medida. “Lo que hacen es poner las viviendas de todos los pinteños a disposición de unos poquitos”, criticó el portavoz del PSOE, Diego Ortiz. Su homóloga de Más Madrid, Elena Ancos, pidió al Ejecutivo que “si están en política por mejorar la vida de los pinteños, pónganse en la piel de todos los vecinos que se van a quedar sin una vivienda”.
Carlos Gutiérrez, de Unidas Pinto-Podemos, insistió en que el Ayuntamiento está asumiendo “una competencia impropia” con la que el Gobierno local “quiere echar un cable a la señora Ayuso”. En Vox, que con su voto ha permitido que salga adelante la propuesta, reconocen “la dejación y abandono” por parte de la Comunidad de Madrid, pero consideran que “si desde el Ayuntamiento podemos hacer algo en beneficio de la salud de los ciudadanos, debemos hacerlo”.


















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