La oposición pide suspender la tasa de basuras en Pinto

La tasa de basuras sigue generando debate. En el pleno ordinario de enero, la oposición aprobó una moción del PSOE para suspender su aplicación mientras se revisa la ordenanza al entender que existen “indicios fundados de ilegalidad”. El punto también pedía solicitar informes jurídicos independientes y dialogar con vecinos y asociaciones para consensuar entre todos “un modelo justo, legal y ambientalmente eficaz”.

La minoría de la coalición de Partido Popular y Pinto Avanza en la corporación permitió que saliera adelante la moción, que carece de carácter vinculante y no será ejecutada por el Gobierno. Aunque en entrevistas y declaraciones públicas se había mostrado abierto a revisar la ordenanza, durante el debate el Ejecutivo se centró en criticar a la oposición: “Lo que deberían haber hecho es pedir a su número uno que retirara este ‘tasazo Sánchez’ que atenta contra la autonomía de los ayuntamientos”, dijo el concejal de Hacienda, Mario Gutiérrez.

El portavoz del Gobierno, Fernando González, defendió que la tasa aprobada en Pinto “a nadie nos gusta, pero se ajusta bastante bien” y apuntó que salió adelante “fruto del diálogo de todos los partidos políticos”. Ciertamente se tuvieron en cuenta algunas aportaciones de PSOE y Unidas Pinto-Podemos en la elaboración de la ordenanza, pero solo fue aprobada gracias a la imprescindible abstención de la confluencia. “No nos gustaba porque existían grandes injusticias y por eso exigimos incluir una serie de compromisos para 2025 que no se han cumplido”, explicó su concejal Isaac López para justificar su rechazo actual.

Palabras vacías para un Vox que, si bien votó a favor del punto, considera que el resto de grupos “no tienen ninguna legitimidad” ya que “la tasa nace en Europa con los apoyos de sus partidos”. Más Madrid, que como los socialistas está llevando una campaña para que los vecinos presenten un recurso en el Ayuntamiento tras el pago, recordó que en ciudades como Palencia o Toledo los recibos no llegan a los 60 euros, mientras que en Pinto la media supera los 100 euros.

Pero para el PSOE el verdadero problema es que la redacción actual de la ordenanza “pone en peligro la economía municipal”. Asegura que es muy parecida a la elaborada por el Ayuntamiento de León y que ha sido recientemente anulada hace apenas unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia. El partido critica que solo se tenga en cuenta el valor catastral de la vivienda y no el número de habitantes, además de que se ignoran otros criterios como la existencia de locales con sistemas de reducción de residuos.