Campaña especial de inspección de juguetes y artefactos pirotécnicos en San Martín de la Vega

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha puesto en marcha una campaña especial de inspección en los establecimientos comerciales del municipio con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad de los juguetes y artefactos pirotécnicos que se venden durante las fechas navideñas. La iniciativa se desarrolla a través de la Policía Local, en colaboración con la Guardia Civil.

Durante estas semanas, los agentes están realizando visitas a bazares y comercios para comprobar que los productos cumplen la normativa vigente. Entre los aspectos que se revisan figuran la correcta identificación del fabricante o importador, la presencia de instrucciones en castellano, los certificados correspondientes, la indicación de la edad recomendada y el marcado CE en los envoltorios.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Neira, ha explicado que “con este tipo de campañas se pretende evitar cualquier riesgo a los consumidores y asegurar que los productos que se comercializan no resulten peligrosos y dispongan de toda la información necesaria y de su correspondiente garantía, conforme a la normativa europea”.

Además, las inspecciones incluyen el control de la venta de artículos pirotécnicos, verificando que los establecimientos cuenten con la autorización preceptiva. Desde el Ayuntamiento han recordado que no está permitida la fabricación, almacenamiento, venta, distribución, adquisición, tenencia o uso de artefactos pirotécnicos sin la documentación correspondiente, tal y como establece el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros.

Asimismo, se recuerda que la edad mínima para la adquisición de artículos pirotécnicos es de 12 años para los de categoría 1, y de 16 y 18 años en el caso de categorías superiores. Del mismo modo, el Consistorio ha advertido de que el uso de petardos o mechas en la vía pública no está permitido salvo autorización expresa, y que su incumplimiento puede acarrear multas de entre 250 y 750 euros.