Por la expropiación de derechos mineros para la construcción de la línea hoy extinta.
La Justicia ha condenado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a indemnizar con 7.560.102,77 euros a la empresa que explotaba la mina de expropiada para construir el tren de Cercanías que entre 1995 y 2003 conectó San Martín de la Vega con Pinto. La obra, que pretendía dar sobre todo servicio al Parque Warner, costó 85 millones de euros, se inauguró en 2002 y dejó de funcionar en 2012 por falta de viajeros.
La indemnización se ha incrementado de forma notable respecto a los 1.105.142,99 euros fijados por el Jurado Territorial de Expropiación en 2022, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra de la Administración. La sentencia critica además la lentitud con la que la Comunidad gestionó el expediente, que comenzó en 2000 pero no tuvo movimiento efectivo hasta 2020, lo que ha aumentado la factura final.
El cierre de la línea se produjo en 2012, durante el mandato de Esperanza Aguirre, debido a la baja demanda. El motivo, según explicó Raimundo Herráiz Romero, entonces director general de infraestructuras, fue que la ocupación media era de 16 viajeros por tren cuando el coste anual rondaba los cuatro millones de euros para el Consorcio de Transportes.
El tren, que conectaba Pinto con San Martín de la Vega, forma parte de una serie de proyectos anteriores que han generado gastos millonarios a la Comunidad de Madrid sin resultados efectivos. Entre ellos se incluyen el cierre parcial de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, el tren Móstoles-Navalcarnero, la Ciudad de la Justicia y la autopista MP-203, todos con desembolsos millonarios y, en algunos casos, sin que las infraestructuras hayan sido utilizadas.
La actual administración ha estudiado en varias ocasiones la posibilidad de reactivar el tren de San Martín de la Vega mediante operadores privados o colaboración con el Gobierno de España, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna solución. El pago de la indemnización actual cierra un capítulo judicial que prolonga más de dos décadas de desencuentros entre los distintos gobiernos autonómicos y marca el coste económico de decisiones de planificación de infraestructuras sin rentabilidad.
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