
Su aprobación definitiva se debatirá este mes de septiembre.
El pasado 25 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Parla aprobó de forma inicial la tasa por recogida y reciclaje de residuos sólidos urbanos. Lo hizo con los votos en contra de PP y Vox y con el visto bueno de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Más Madrid, y de Podemos-IU. “Se trata de una tasa que no tiene afán recaudatorio”, defendió el concejal de Hacienda, Andrés Correa, que también dijo haber tenido “muy en cuenta” la situación de la población vulnerable.
La tasa cuenta una cuota una fija común a todos los inmuebles de 84 euros a la que hay que sumar una variable en función del uso residencial, en la que se contemplan factores como la superficie y el número de habitantes empadronados en la vivienda. En el caso del resto de usos de inmuebles, la cuota variable se basa en su superficie y tipología del residuo generado.
Existen, sin embargo, varias bonificaciones. Se contemplan reducciones de hasta un 90% en función de la capacidad económica y una tarifa reducida para las familias en riesgo de exclusión social. Asimismo, se han establecido bonificaciones de un 10% por buenas prácticas como la utilización del Punto Limpio, recogida de restos vegetales de poda y la reducción residuos mediante sistemas de compostaje o recogida selectiva.
Su aprobación definitiva se debatirá este mes de septiembre. Lo que debería ser un trámite ahora ha quedado en el aire después de que Podemos haya pedido al Gobierno que atienda las alegaciones vecinales para que la tasa sea “más justa y proporcional”. Considera que su planteamiento actual “podría castigar a las personas más vulnerables y no es proporcional a la capacidad contributiva de las familias”.
Para ello, la formación pide que se elimine la cuota fija y se sustituya por el valor catastral de la vivienda, eliminar el número de personas empadronadas como factor a tener en cuenta en la parte variable y ampliar las bonificaciones, incluyendo además a nuevos colectivos como víctimas de violencia de género, familias numerosas y monomarentales o perceptores de pensiones no contributivas, entre otros.
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