Monitores cargan contra la empresa encargada del campamento urbano de Pinto

No hay verano sin polémica con el campamento urbano de Pinto. Y todo a pesar de que el Gobierno ha aumentado la partida presupuestaria hasta los 400.000 euros y que los 1.525 menores solicitantes han conseguido este año una plaza en el campamento. En esta ocasión han sido los propios monitores los que han cargado contra la empresa adjudicataria del servicio, Plebetero Servicios y Formación.

Tres empresas concurrieron al concurso público para gestionar el campamento urbano de Pinto. Plebetero resultó adjudicataria del servicio tras presentar la oferta económica más baja y aceptar todas las mejoras propuestas por el Ayuntamiento de Pinto, entre las que se incluía la contratación de un monitor extra en cada centro. En caso de que ambas partes estén de acuerdo, el contrato puede prorrogarse anualmente hasta 2028.

La plaza en el campamento para una semana oscila entre el precio básico de 32 euros, 48 euros con desayuno y comida, y 68 euros con todo el servicio completo ampliado hasta la tarde.

Quejas internas

“Necesitamos la ayuda de las familias”, rezan los carteles colgados por los trabajadores, que dicen estar “al límite”. Aunque afirman que “llevamos un mes sin contrato”, también aseguran estar dados de alta como auxiliares administrativos y cobrar 5,30 euros la hora cuando “según convenio nos correspondería 9,99 euros”. Asimismo, denuncian que no cuentan con material suficiente para realizar las actividades y que ni siquiera se cumple la ratio legal de monitores. “Esto no es seguro ni justo para nadie”.

Desde Plebetero reconocen estar sorprendidos con la polémica: “Nos hemos enterado al mismo tiempo que las familias, incluso hemos hablado con varios monitores que no estaban al tanto”. Garantizan que todo el personal cuenta con contrato y que los sueldos están fijados en función del salario mínimo que estipula el convenio. Efectivamente están dados de alta en el Grupo 7 de la Seguridad Social, reservado a auxiliares administrativos, pero explican que sus funciones están detalladas como las de monitores.

También defienden que el servicio se presta como estipula el contrato firmado con el Ayuntamiento de Pinto. La ratio fijada de un monitor por cada diez niños pequeños y de 1,15 para el resto “salvo por alguna circunstancia especial, se respeta e incluso mejora”. Por todo ello, desde la empresa restan importancia a las críticas: “No es una auditoria oficial”. Plebetero esgrime que “hasta ahora no tenemos ninguna queja de las familias, más allá de que los juegos sean más o menos divertidos, y todas las actividades se han desarrollado sin ninguna problemática”.

Gobierno y empresa se han reunido esta mañana para analizar lo sucedido y “fijar una contingencia de inmediato”. Fuentes municipales coinciden en que, hasta la fecha, no se ha registrado ninguna queja por parte de los usuarios y que sólo tienen constancia de las que han presentado algunas monitoras del CEIP Europa. Se trata de siete empleadas con jornadas al 75% que consideran que deben cobrar al mismo nivel que los compañeros que trabajan todo el día.

Por ello, desde el Ejecutivo consideran que se trata de un problema interno. Garantizan que “la prestación del servicio se está haciendo correctamente” y que “los menores tampoco se ven afectados”.

Un problema habitual

Fuentes del sector consultadas por ZIGZAG ponen en contexto la polémica. “El sector del ocio y tiempo libre es muy estacional y normalmente las administraciones públicas licitan campamentos con poco margen de preparación, contratación y formación. Esto, unido a que el personal suele ser joven y con escasa o ninguna experiencia laboral, hace que los procesos de onboarding sean, con más frecuencia de lo deseable, demasiado precipitados, pudiendo dar lugar a malentendidos como los que denuncian estos monitores, pero que suelen tener fácil solución tras conversar entre empresa y trabajadores”, valora sobre el proceso de integración que se hace a los nuevos trabajadores José Manuel Martín, fundador de uno de los grupos de multiaventura más recomendados y reconocidos de Madrid como es Aventurarte.

En cuanto a las condiciones laborales, Martín, que también ejerce como abogado laboralista, explica que lo importante en un contrato no es el grupo en el que se haya catalogado al trabajador, sino la categoría que se le haya asignado. “A pesar de que pudieran estar cotizando como grupo 7, en el peor de los casos sería un defecto formal menor y no relevante. Pese a ese defecto formal en la cotización, lo lógico es que estén contratados con la categoría de monitores, que es lo que les genera los derechos y obligaciones propios de esa categoría, incluyendo los derechos salariales”.

Es por ello que José Manuel Martín insiste en la importancia de una comunicación fluida entre empresa, trabajadores, familias y administración pública. “Son cuestiones que es difícil saber si realmente se cumplen, pero sobre las que también es muy fácil pronunciarse aun sin tener toda la información”.