Ver para creer

En política cada paso, palabra y decisión suelen estar medidos al detalle. O al menos, deberían estarlo. La improvisación no suele ser una buena aliada, más cuando gira en torno a cuestiones especialmente sensibles como pueden ser la seguridad o la inmigración. Y es que aquí donde el actual Gobierno de Valdemoro parece no haber valorado en su justa medida su intervención a la hora de apoyar a una de las principales empresas de desokupación del país, Desokupa, a cargo de un matón de colegio como es su líder Daniel Esteve.

La empresa dice haber desokupado en sólo seis meses 30 pisos de la calle Herencia que llevaban siendo okupados desde hace 15 años. Todo “sin incidentes, denuncias ni altercados”, a pesar de las técnicas intimidatorias tanto físicas como a través de redes sociales que tantas veces han sido denunciadas por diferentes colectivos. Pero ni los bulos sobre ocupación e inmigración de Desokupa, sus vinculaciones con la extrema derecha ni sus amenazas a críticos y periodistas han sido óbices para que el Ayuntamiento de Valdemoro monte y difunda un vídeo a través de sus redes sociales promocionando su actuación.

El apoyo por parte del Gobierno de PP y Vox ha sido de primer nivel. En la visita a la finca desokupada participaron representantes de Policía Local y de Servicios Sociales y el propio alcalde, David Conde. “Lo que hay que dejar claro es que Valdemoro no es una ciudad que vaya a ser colaboradora ni consentidora con la okupación”, esgrimió el regidor. Un mensaje que choca precisamente con el fondo del acto, en el que se aplaudía cómo una empresa privada ha conseguido un objetivo que las autoridades han sido incapaces de alcanzar en más de una década.

El discurso de Desokupa se centra precisamente en deslegitimar el Estado de Derecho. Sorprende que un gobierno local pueda secundar discursos de este tipo, pero qué se puede esperar cuando el propio alcalde de Valdemoro afirma que “las administraciones estamos obligadas a cumplir la Ley, aunque no creas en ella”, así como que “es muy difícil de entender que la Ley proteja más al delincuente que al que quiere cumplir la norma”. Después, en función del interés, se pedirá respeto a las instituciones, jueces o a quien en ese momento sí convenga defender, pero actos como este son en realidad una invitación a que la ciudadanía tome la justicia por su mano.

Su apoyo, además, choca con la postura del Ministerio de Defensa, que ha intentado poner coto a los intentos de Desokupa de influir en el Cuerpo de Policía Nacional. Una de sus formaciones sindicales más reconocibles, SUP, firmó un convenio para que la empresa impartiese a sus afiliados formación en defensa personal. El Ministerio actualmente está estudiando si el acuerdo “conculca los valores democráticos” para abrir un expediente e impugnarlo.

Baste recalcar que no cabe defensa alguna de la okupación. Nadie debería enfrentarse a una situación semejante, ni tampoco puede ser una solución habitacional para aquellas personas que no dispongan de una vivienda. Pero no por ello se puede dar alas a grupos que esconden bajo un supuesto apoyo sin matices a las víctimas su verdadero interés en especular económicamente y controlar la agenda política y social. El Gobierno, como representante de todos los valdemoreños, habría hecho bien en tenerlo en cuenta antes de posicionarse públicamente de la manera en la que lo hizo.