Momentos cruciales para los ayuntamientos

Las deudas millonarias de los ayuntamientos, a pesar de que se venían advirtiendo, han escandalizado por su cantidad e irresponsabilidad. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido el pago a los proveedores en un asunto de Estado, con el objetivo de que los entes locales cumplan con sus obligaciones y, al mismo tiempo, inyectar liquidez a los creadores de empleo. Así se ha aprobado un procedimiento para que los Ayuntamientos puedan hacer frente a unas deudas que, desde hace mucho tiempo, deberían haber sido inaceptables en un estado democrático.

En el Ayuntamiento de Pinto, solo la deuda con proveedores alcanza los 16,1 millones de euros. Si bien no es un caso tan grave como pueda ser el de Ciempozuelos, que con la mitad de habitantes tiene la misma deuda con proveedores que Pinto, y no alcanza las dimensiones inasumibles de Parla con 260 millones de deuda, sí es una cantidad importante. Y más si tenemos en cuenta que la deuda real total del Ayuntamiento de Pinto, según la ha detallado el concejal de Hacienda, se eleva a 55 millones de euros, es decir, 1.200 euros por cada pinteño.

En Ciempozuelos la deuda con proveedores asciende a más de 16 millones de euros, eso sin contar con las deudas a bancos, administración regional y mancomunidades, lo que algunas fuentes lo cifran en total en unos 24 millones de euros.

Por su parte, la deuda del  Ayuntamiento de San Martín de la Vega sólo con proveedores ronda los nueve millones de euros para un municipio que no alcanza los 20.000 habitantes de población.

Lo que desde el principio parece claro es la repercusión que tendrá dicho Plan de Ajuste en los presupuestos municipales de los próximos diez años, con recortes en muchas partidas presupuestarias. Lo que a estas alturas también parece obvio es que con los recursos que, tras la desaparición de los ingresos extras generados por el boom inmobiliario, tienen actualmente los Ayuntamientos, es prácticamente imposible seguir manteniendo todos los servicios que ofrecen los ayuntamientos (muchos de ellos competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma), y la fórmula de subir más los impuestos y asfixiar más al contribuyente es algo que, por el momento, no quieren plantearse los gobiernos municipales.

En todo caso, esperemos que la tijera se aplique en aquellos gastos superfluos e innecesarios, y que los Ayuntamientos puedan, a pesar de las dificultades, responder a las demandas y necesidades de los ciudadanos.