Los ayuntamientos aprueban sus Planes de Ajuste

La gestación, desde 2007, de una profunda crisis económica internacional, que se ha agudizado de forma especialmente grave en España, ha generado una importante caída de la actividad económica y con ella de la recaudación por parte de los entes locales. En consecuencia, éstos acumularon retrasos en el pago de las obligaciones que contraían con sus proveedores, trasladando a las empresas un grave problema de liquidez, problema que se ha agravado al restringir drásticamente los bancos el acceso al crédito, antes casi ilimitado. La política financiera -tan delictiva como impune- por parte de las entidades de crédito, ha sido otro de los pilares de la crisis, aunque ni políticos ni banqueros hayan pagado sus consecuencias.

Decreto-Ley 4/2012

Ante esta situación de falta de liquidez generalizada por parte de las empresas, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidió adoptar de forma inmediata medidas urgentes y de carácter extraordinario. Así el 24 de febrero pasado, el Gobierno publicó el Real Decreto-Ley 4/2012 por el que establece un mecanismo de financiación para que las entidades locales puedan hacer frente al  pago de las facturas pendientes con sus proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, “derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios” (art. 1).

Quedan excluidas de esta financiación las deudas de los ayuntamientos con el “Estado, Comunidades Autónomas u otras entidades locales [como las mancomunidades] y con la Seguridad Social o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes” (art. 2,1). También quedan excluidas las deudas procedentes de convenios, premios y subvenciones.

Requisitos

Para acogerse a este crédito, el Decreto estableció dos requisitos perentorios, ambos ya vencidos: el primero, que cada ayuntamiento enviase antes del 16 de marzo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado de las facturas pendientes de pago (art. 3,1); y el segundo, que cada ayuntamiento elaborase un Plan de Ajuste que garantice la amortización del crédito y los intereses del préstamo. Asimismo, el Plan tenía que ser aprobado por el Pleno de la Corporación y remitido al Ministerio de Hacienda antes del 1 de abril (art. 7).

El Ministerio tiene el plazo de un mes para responder positivamente a cada ayuntamiento de la admisión de su Plan de Ajuste, condición imprescindible para que sea autorizada la concertación de la operación de endeudamiento por parte de la entidad local (art. 7,4).

Intervención del Ministerio

El Plan de Ajuste condicionará la elaboración de los presupuestos de  los ayuntamientos durante los 10 años de amortización de crédito e intereses, es decir hasta el año 2022. Además los bancos obtienen la garantía del Estado para la devolución de la deuda. Si un ayuntamiento no paga, el Ministerio le detraerá el importe correspondiente a su participación en los tributos del Estado (art. 12).

Unos 2.000 ayuntamientos de toda España (un 25% del total) no han aprobado sus respectivos Planes de Ajuste. Aunque el número de ayuntamientos es elevado, sin embargo representan sólo un 10% de la deuda total. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha declarado que “en el caso de estos ayuntamientos que no han hecho los deberes, será el Ministerio quien tenga que hacerlos, por ello en cumplimiento de lo establecido en el Decreto-Ley detraeremos los importes necesarios de la participación de estas entidades en los tributos del Estado para hacer frente a las deudas que tengan con sus proveedores”.

Es decir, para los ayuntamientos que no hayan aprobado un Plan de Ajuste, será el Ministerio quien les intervenga.

Pagar las deudas

En general se ha acogido satisfactoriamente el objetivo declarado del Decreto-Ley: Aportar liquidez a los creadores de empleo mediante el cumplimiento de algo elemental: que la administración pague sus deudas. Otra cosa nos conduciría a un país bananero y sin crédito, ni interno ni externo.

Políticas irresponsables

La situación actual en la que miles de ayuntamientos mantienen deudas de años con sus proveedores muestra a una democracia enferma, conducida por políticos incapaces, irresponsables y tramposos, que disparando con pólvora del rey deciden endeudamientos inasumibles para sus vecinos, condenándolos a medio plazo a la ruina o a la inviabilidad de los servicios públicos. Así pues, para comenzar a recuperar algo de credibilidad, es imprescindible que la administración cumpla con los compromisos asumidos.

Críticas al Decreto-Ley

Sin embargo, más allá del objetivo aceptado de pagar las deudas asumidas, surgen fundadas críticas sobre otros aspectos del Decreto-Ley. En primer lugar, la premura de los plazos, tanto para la presentación del listado de impagados como, sobre todo, para diseñar el Plan de Ajuste. Parece como si el Gobierno quisiera eliminar el debate en algo que va a condicionar la vida económica de los ayuntamientos en los próximos 10 años.

Otra zona de sombra del Decreto-Ley es la exclusión del pago de algunas deudas. Especialmente las que generan determinados servicios sociales de ayuntamientos o mancomunidades.

Algo que levanta ampollas son los intereses que tendrán que pagar las entidades locales por los créditos. “Alrededor de un 5%”, dijo el ministro Montoro. Pero ni aún ahora se sabe a cuánto ascenderá concretamente este interés. Por otro lado, como han denunciado distintas fuerzas políticas, “es un negocio para las entidades de crédito, a las que el Banco Central Europeo les presta a un 1% y ellos lo cobrarán a los ayuntamientos a un 5%”.

Finalmente, hay indefiniciones en el Decreto hasta el punto de que ni siquiera el propio Gobierno ha concretado aún todos los detalles que componen el mecanismo de financiación.