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El Gobierno amenaza con emprender acciones legales contra el PSOE por sus insinuaciones sobre Aserpinto

Raúl Martos Martínez Ver comentarios 2 Viernes, 14 de Junio de 2024 Tiempo de lectura:

El exalcalde y portavoz del partido, Diego Ortiz, ha pedido explicaciones por la contratación de un familiar de un miembro del Gobierno.

Continúa el cruce de acusaciones entre Partido Popular y PSOE en Pinto. Después de que los socialistas denunciasen una posible financiación ilegal y los populares replicasen pidiendo implicaciones sobre la supuesta vinculación de Pinto con la causa contra Begoña Gómez, ahora los focos se han puesto en Aserpinto.

 

El exalcalde y portavoz del PSOE, Diego Ortiz, ha solicitado al PP más información sobre “la contratación de la cuñada de una concejala como conserje de la Casa de la Cadena”. Desde la empresa municipal han desmentido las acusaciones recordando que la cobertura del puesto a través de la bolsa temporal de empleo se inició y concluyó cuando el propio Ortiz todavía era presidente de Aserpinto.

 

En concreto, la trabajadora se inscribió en la bolsa de empleo el 8 de febrero de 2023. El 26 de mayo fue citada una entrevista que se produjo cinco días después y tras la que se le comunicó el 7 de junio que el puesto sería cubierto por otra persona, pero que estaría en la primera posición de la bolsa de trabajo. Finalmente, en diciembre y ya con PP y Pinto Avanza en el Gobierno, se incorporó al puesto para cubrir una baja.

 

“No entendemos a qué se deben estas indignas insinuaciones sobre una cuestión que, como alcalde y presidente de la entidad, debía conocer”, dicen desde Aserpinto ante las palabras de Diego Ortiz. Desde el Ejecutivo han apuntado que el portavoz socialista podría estar incumpliendo el código ético de Aserpinto, que en su artículo 4.10 indica que los miembros de la Junta General de Accionistas deben “poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la sociedad en todas sus actuaciones profesionales”.

 

Por ello, desde la empresa municipal han anunciado que se reservan la opción de emprender “acciones contra aquellas personas que pongan en duda o insinúen irregularidades en los procesos de contratación”.

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