El Gobierno de Pinto mantendrá la privatización de la limpieza un año más

Finalmente, el servicio de limpieza, jardinería y recogida de residuos seguirá gestionado por la UTE Valoriza-Gestyona un año más. El contrato de 10 años finalizaba a final de año, el 31 de diciembre, pero el Gobierno ha descartado finalmente la anunciada municipalización: “Se va a prorrogar porque es la única opción en este momento según informes de los técnicos -explican fuentes municipales-. Es la única alternativa para no sumir a Pinto en el caos".

Tal y como publicó ZIGZAG en el número impreso de diciembre, desde el Ejecutivo explicaban que los técnicos habían encontrado varios reparos al informe de viabilidad económica adjudicado el 21 de agosto a una empresa externa. Ahora, a dos semanas de que finalice el plazo máximo para tomar una decisión, Partido Popular y Pinto Avanza han decidido prorrogar el contrato en contra del propio acuerdo de gobierno que firmaron ambos partidos en junio.

“Esta ineludible medida es, por tanto, consecuencia de no haberse realizado los preceptivos trámites en la pasada legislatura, que hubieran permitido adoptar los acuerdos necesarios con el plazo de tiempo suficiente, para cambiar la gestión, sin verse perjudicados trabajadores y vecinos, y con todas las garantías legales. La propuesta será debatida y votada en el próximo pleno municipal”, afirma el Gobierno.

La oposición conoció la noticia en la Junta de Portavoces del pasado 12 de diciembre de boca de los técnicos municipales. El Ejecutivo, en cualquier caso, insiste en que" la opción en la que se sigue trabajando es la remunicipalización de los servicios, para lo cual se ha propuesto a los grupos municipales de la oposición crear un grupo de trabajo con el objetivo de lograrlo".

Mientras tanto, la huelga de limpieza sigue su curso. A partir de las 23.00 horas del 20 de diciembre los trabajadores de la UTE comenzarán una huelga indefinida que, en estos momentos, no tiene visos de detenerse. “Valoriza-Gestyona se ha dedicado a amenazar a los trabajadores con demandas y responsabilidades penales si ejercen su derecho constitucional a ejercer derecho a huelga, demostrado su concepción dictatorial y caquicil de las relaciones laborales y evidenciando su único interés en enriquecerse”, han criticado desde el comité de empresa.