El gobierno de Ciempozuelos ahoga económicamente a la oposición

Tras la constitución de la nueva corporación ciempozueleña para el mandato 2023-2027, conformada por 11 concejales socialistas y 10 de la oposición, el pasado 29 de junio se celebró el primer pleno en el que, además de decidir los días en que se celebrarán sesiones plenarias, comisiones informativas y juntas de portavoces, se aprobaron los sueldos de alcaldesa y concejales liberados (concejales con sueldo fijo) y las dietas o indemnizaciones por asistencia a comisiones de gobierno, plenos, comisiones informativas y juntas de portavoces, además de establecer la cantidad que recibirá mensualmente cada grupo político, como obliga la ley.

Desde hace décadas, los sueldos e indemnizaciones de los políticos de Ciempozuelos eran consensuadas entre todos los grupos políticos de la corporación. La actual mayoría absoluta del PSOE ha quebrado este modo de proceder, imponiendo ahora su decisión sin negociar ni consensuar con ninguno de los cuatro grupos políticos de oposición.

Así, con los 11 votos mayoritarios de los concejales de gobierno y el voto en contra de la oposición, se aprobó que el coste de la nueva corporación sea de 343.000€ al año. De esta cantidad, el gobierno consumirá 285.234 € y la oposición 57.800 €. Es decir, los 11 concejales socialistas se quedarán con el 83,2 por ciento del gasto total de la corporación y los 10 concejales de los otros cuatro grupos políticos se repartirán el 16,8%.

La alcaldesa Raquel Jimeno calificó este reparto como “equitativo”, mientras para la oposición es “dejarnos sin medios económicos para hacer una labor de comunicación” (Elena García, PP), “eludir el control político” (Eduardo Alonso, Vox), un “intento de silenciarnos” (Pedro Torrejón, CPCI) y “coartar nuestra expresión política, lo saben y lo hacen a conciencia” (Carlos Girbau, +Madrid).

El portavoz de Más Madrid reprochó, además, al equipo de gobierno que con este reparto “concentran ustedes todo el dinero que se destina a la política en manos del grupo mayoritario, no es equitativo ni justo”. Y en referencia a los 100 € al mes que percibirá cada grupo político en vez de los 1.000 € de legislaturas pasadas, les interpeló: “si ustedes piensan que los grupos podemos hacer política con 100 €, ¿por qué no devuelven los 900 € de más al mes que han cobrado hasta ahora [es decir, 43.200 € de más en la pasada legislatura y 86.400 € desde 2015]”. Nadie le contestó.

El momento más tenso de la sesión fue cuando el portavoz del gobierno, Luis Pueyo, hizo el siguiente comentario: “Me gustaría preguntarles a los vecinos que nos están viendo si por sentarse en una silla una vez al mes hay que cobrar 400 € [que es la cantidad que los concejales cobran al mes por pleno]”.

La oposición le contestó que reducir la labor de oposición a ocupar una silla una vez al mes en el salón de plenos es tener un concepto de la política que no comulga con la democracia, sistema en el que es tan necesaria la labor de gobierno como la de oposición. Fue tan evidente la improcedencia de la “silla” de Pueyo que la propia alcaldesa reaccionó manifestando que estaba “en desacuerdo con esta expresión del portavoz”, quien, sin embargo, no rectificó públicamente su desatinado comentario.  

Así pues, comienza por primera vez en lo que va de siglo un mandato con mayoría absoluta y su primera decisión unilateral ha sido ahogar económicamente a los grupos de oposición. Algo que, sin embargo, no sufrió el propio grupo socialista cuando estuvo en minoría, ya fuese en el gobierno o en la oposición, a lo largo de todo el siglo XXI.