Lío con el campamento urbano de Pinto: recortes a las familias a una semana del inicio

El nuevo gobierno de Partido Popular y Pinto Avanza se ha encontrado con un ‘regalo’ del equipo saliente de PSOE, Unidas Pinto y Podemos. El Ejecutivo se ha visto obligado a recortar el número de semanas concedidas a las familias solicitantes del campamento urbano, que comenzará el próximo lunes, 26 de junio.

Hace más de una semana, la empresa encargada del servicio, Moma, confirmó todas las reservas realizadas “sin establecer una preselección en función del presupuesto municipal asignado a la actividad”. La Ley de Contratos permite modificar un contrato público hasta el 20% del precio inicial, pero para solventar esta incidencia sería necesario incrementarlo en más de un 30%: el sobrecoste es de 100.000 euros sobre los 300.000 euros que estaba establecido que recibiese la empresa.

Desde el Gobierno afirman que fue este lunes, dos días después de que Salomón Aguado fuese investido como nuevo alcalde de Pinto, cuando detectaron la incidencia. La decisión, adoptada junto con los técnicos municipales, ha pasado por quitar dos semanas a las familias que hubiesen solicitado seis o más semanas y una para las que hubiesen pedido cuatro o cinco. Los afectados conocieron la noticia ayer mismo y hoy han recibido una llamada del Ayuntamiento para comunicar de qué semanas prescinden o si prefieren renunciar a la totalidad del servicio.

“¿Qué margen de maniobra me queda a mí?”, se pregunta una madre afectada, que ha renunciado a la última semana de julio porque “es la única manera de buscar un plan b”. Como otros usuarios, lamenta que “en lugar de ayudar a las familias se pongan trabas a la conciliación”.

“La idea era salvar la situación lo máximo posible”, explican fuentes municipales. El Consistorio, en cualquier caso, asegura que se están explorando “las posibilidades jurídicas y técnicas para minimizar aún más el impacto”.