Las concejalas Flor Reguilón (izq) y Lidia Rupérez (drch).La adjudicación, realizada mediante un sorteo público, podría incumplir el Código de Conducta del Ayuntamiento de Pinto.
El Ayuntamiento de Pinto adjudicó el pasado 7 de febrero las 122 autorizaciones demaniales para el uso de las plazas de aparcamiento públicas del barrio de Buenos Aires. Los beneficiarios pueden disponer de las plazas desde el día de ayer, 13 de febrero, durante los próximos cuatro años de manera improrrogable por un coste de 28 euros al mes.
Entre la lista de beneficiarios se encuentran dos concejalas del Gobierno de Pinto. Se trata de Flor Reguilón y Lidia Rupérez, responsables de las áreas de Medio Ambiente y Deportes por el PSOE. Para Más Madrid, la adjudicación “no parece compatible con el cumplimiento del Código de Conducta y Principios Éticos del Ayuntamiento de Pinto”, lo que podría conllevar problemas derivados, por ejemplo, con la ejecución y justificación de los Fondos Europeos.
Fuentes municipales han confirmado a ZIGZAG que los técnicos de la Comisión Informativa de Presidencia y Gobierno Abierto están estudiando si, efectivamente, la adjudicación de las plazas incumple el código ético. El texto, aprobado en febrero de 2022, recoge el compromiso “firme y absoluto” de todos los empleados públicos y miembros del Gobierno para “evitar, y no tolerar en absoluto, conductas de fraude, corrupción ni la existencia de conflicto de intereses y de garantizar que, en su ámbito de actuación, lo fondos gestionados se han utilizado de conformidad con las normas de aplicación”.
Las plazas fueron adjudicadas mediante un sorteo público en el que podía participar cualquier pinteño que tuviese carnet de conducir, no fuese titular de una plaza de aparcamiento y que estuviera al corriente de pago con el Ayuntamiento de Pinto. La participación de las concejalas, sin embargo, podría suponer un conflicto de intereses ya que los miembros del Gobierno deben abstenerse “en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal”. Tampoco pueden contraer “obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos” que choquen con su puesto público.
A falta de conocer la resolución de los técnicos, desde el Consistorio adelantan que “en principio” no se ha detectado ninguna irregularidad en la adjudicación de las plazas.
Paloma González | Lunes, 20 de Febrero de 2023 a las 17:59:54 horas
Mínimamente ¡no me parece correcto! Ignoro las condiciones no sólo de adjudicación sino el cómo se convocaron ¡ni siquiera me enteré y vivo en Pinto! Creo que cualquier beneficio ha de ir a la ciudadanía y entre ella a la que menos tiene.
Mal, muy mal. Rematadamente mal, porque precisamente los servidores públicos deberían abstenerse de la participación en este tipo de concurso que ha de ir a beneficio de los gobernados y no de los gobernantes. Y estos últimos ni siquiera debieron presentarse: ¿tan difícil es de comprender? A veces lo legal no es lo ético y un representante público debe ser muy escrupuloso con esto: un gobernante no es público cualquiera y debe entenderlo.
No doy crédito. Sinceramente.
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