Detienen en Madrid y Valdemoro a una organización que estafó 6 millones de euros a personas en listas de morosos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a defraudar a personas dadas de alta en ficheros de morosidad, a partir del empleo de números de teléfono de pago. Las víctimas llamaban a estos números para gestionar su baja en las listas de morosos, una vez pagadas sus deudas. 

Los agentes han conseguido detener a 17 personas en la Comunidad de Madrid, tras realizar tres registros en Madrid capital y Valdemoro, bloquear doce cuentas bancarias y cerrar seis páginas web. En total se calcula que 140 personas han sido víctimas de la estafa en España, cuyo perjuicio económico supera los 6 millones de euros. 

La investigación se inició a finales del mes de octubre de 2019, cuando se identificaron en el territorio nacional una serie de entramados empresariales dedicados a publicitar servicios fraudulentos de gestión de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los consumidores en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, más conocidos como ficheros de morosidad. 

Los detenidos actuaban como intermediarios entre las personas declaradas morosas y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF), entidad oficial que gestiona la baja de las listas de morosos de manera gratuita. Con un pago de alrededor de un millón y medio de euros a un conocido buscador web, la red criminal conseguía posicionar sus páginas en los primeros resultados de las búsquedas que los usuarios realizaban en Internet para realizar esta acción, apareciendo antes que la web oficial de la ASNEF. 

Llamadas a un coste de 1,57 euros/min

Tras acceder a la web de la organización criminal, las víctimas se ponían en contacto con los detenidos a través del teléfono que ofrecían para gestionar su baja en los ficheros de morosidad y eran derivadas a números de tarificación adicional para continuar con las gestiones. Los miembros de la organización recibían una formación exhaustiva —contaban hasta con manuales de uso— para alargar las llamadas lo máximo posible, aprovechando el importe de 1,57 euros/minuto. 

El contacto entre la víctima y el delincuente finalizaba sin que se hubiesen realizado los servicios requeridos. La duración de las llamadas de tarificación adicional no puede exceder el máximo de 30 minutos, con un coste asociado de alrededor de 40 euros, cortándose la llamada automáticamente transcurrido ese tiempo. A pesar de este detalle, los agentes han identificado víctimas que han llegado a realizar hasta 5 llamadas de 30 minutos, alcanzando los 200 euros de perjuicio. 

La organización contaba con un alto grado de tecnificación que permitía a sus integrantes operar tanto en centros de España como de Colombia. Según explica la Policía Nacional en su nota de prensa, su cúpula se erigía como una auténtica estructura piramidal delincuencial con un entramado financiero complejo que ha dificultado la trazabilidad del dinero. Los beneficios los blanqueaban con transferencias internacionales a paraísos fiscales.